La consigna popular más escuchada a nivel nacional luego de la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en agosto del 2020, sigue siendo: “los queremos presos”.
Una petición expresada por miles de dominicanos y dominicanas de todo el país, ansiosos por ver la acción judicial contra dirigentes políticos y ex funcionarios del gobierno del ex presidente Danilo Medina, sospechosos de haber cometido actos de corrupción en la pasada administración peledeísta.
Meses antes de las elecciones presidenciales de 2020, Euclides Gutiérrez Félix, dirigente del PLD, advertía con preocupación: “Si perdemos el Gobierno, vamos a caer todos presos”, consciente de lo que estaba sucediendo en materia de corrupción administrativa en el gobierno de su partido.
José Laluz, destacado comentarista radial, ex diputado y ex miembro del PLD, avergonzado por la misma situación, sorprendió a la opinión pública en una intervención suya en el programa El Zol de la Mañana, por 106.5 FM, haciendo la siguiente critica: “Ya tenemos 20 años en el poder, lo que ustedes iban a acumular, si ya no lo acumularon, ya no jodan más. No sigan provocando vergüenza en esta sociedad”.
Para luego agregar: “No sigan ensuciando el patrimonio de Juan Bosch que sacrificó su premio nobel para darnos el PLD, y ustedes han cogido ese PLD y lo llenan de lodo y de mierda”.
Otro dirigente peledeísta y miembro del Comité Político, Félix -Felucho- Jiménez, sobre sus compañeros de partido llegó a decir que ser peledeísta no era sinónimo que ser honesto, y que el peledeísmo tampoco significaba seriedad.
Afirmó en varias entrevistas televisivas que muchos de sus compañeros de partido no solo “habían metido las manos”, sino que además había actos de corrupción en sobrevaluaciones de obras gubernamentales, en especial en las obras de Odebrecht.
Llegó a recomendar, inclusive, que se hicieran investigaciones mediante auditorias técnicas y financieras a obras ejecutadas durante la administración del entonces presidente Leonel Fernández, reclamando que la acción judicial lograra imponer 20 años de cárcel a los que habían cometido esos actos dolosos.
Cuando Danilo Medina aspiraba a la Presidencia, en 2012, en entrevista televisada ante representantes de diversos medios informativos, y aludiendo a los que cometen actos de corrupción, planteaba que “Aquí el que roba no quiere que le digan ladrón, y si lo acusan dicen que es política la acusación. Si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. En República Dominicana no hay una cultura de honestidad”.
Al parecer, consciente de esa realidad, fue que el ex mandatario peledeísta permitió que sus funcionarios y familiares cercanos se asociaran para cometer actos reñidos con la ley.
Los políticos que hoy están presos no son presos políticos, como afirmó Charlie Mariotti, secretario general del PLD y como repitiera horas después el periodista Julio Martínez Pozo en su programa radial por la frecuencia 106.5 en la capital dominicana. Los dos están equivocados, tergiversando los hechos.
Un preso político es aquel al que se le restringe de su libertad sin haber cometido delito penal alguno, y generalmente su arresto o persecución es por el hecho de que sus ideales constituyan un peligro para el sistema político establecido.
Las opiniones de Mariotti y Martínez Pozo surgieron tan pronto el Ministerio Público apresó el pasado domingo 19 a otro grupo de ex funcionarios del PLD, entre los que se encuentran Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del PLD en 2020; José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia, y Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, entre otros, acusados de cometer supuestos actos corrupción en el gobierno de Medina.
Estos nuevos apresamientos no significan una persecución política. Es una acción del Ministerio Público contra peledeísta y aliados que, de acuerdo al documento acusatorio, se constituyeron en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña para estafar al Estado por más de 19 mil millones de pesos, un poco más de $345 millones de dólares.
Por primera vez en la historia judicial de República Dominicana, se observa que un organismo persecutor contra la corrupción, como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), está tomando acciones reales para poner en función un régimen de consecuencias para frenar la ambición de los servidores públicos de querer apropiarse del Erario.
Intentar tergiversar los hechos para boicotear el deseo de la población que reclama justicia contra los corruptos y ladrones de cuello blanco, es una irresponsabilidad de los que así se están manifestando.
Pueden alegar lo que quieran. Pero estos políticos están presos de forma preventiva y no por sus ideales.
En reconocimiento de sus malas actuaciones, muchos ya están devolviendo parte del dinero que pertenece al Estado.
Después de todo, aún falta lo más importante: la sentencia definitiva de los jueces a favor o en contra de todos los involucrados.
