Santo Domingo.-El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, sostuvo que construir Estados más abiertos, confiables y colaborativos, representa una necesidad ante los desafíos que ponen a prueba el sistema democrático y la confianza en las instituciones.
Así lo expresó al encabezar este miércoles el acto inaugural de la primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader Corona. El evento se celebra del 27 al 28 de agosto y tiene como propósito avanzar hacia un modelo institucional más transparente, colaborativo y centrado en las personas.
“Vivimos un momento histórico en República Dominicana. El país ha avanzado con decisión en la agenda de Estado Abierto, gracias al impulso del Poder Ejecutivo, al compromiso de múltiples instituciones, y al diálogo franco con la sociedad civil y la comunidad internacional. En este contexto, el Poder Judicial reafirma hoy su rol como aliado estratégico de la apertura institucional, convencido de que un Estado democrático solo puede sostenerse sobre instituciones que rindan cuentas y que tengan la confianza de su ciudadanía”, manifestó el magistrado presidente Henry Molina durante su intervención.
“Por eso, en este espacio, además de compartir experiencias, también firmaremos la Declaración de Santo Domingo por la Justicia Abierta, un documento que expresa nuestro compromiso colectivo con la transformación de los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe”
El juez presidente de la SCJ destacó además avances en las iniciativas impulsadas desde el Poder Judicial de República Dominicana en lo relativo a la Justicia Abierta, entre estos la Juriteca, que permite el acceso libre y ordenado al conocimiento jurídico dominicano; el Observatorio Judicial y el tablero de Transparencia, que promueven una justicia basada en datos abiertos y evidencias, abriendo el sistema a la ciudadanía, desde los canales de participación hasta la publicación proactiva de información clave.
Mientras que, el coordinador Ejecutivo de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), Álvaro Herrero indicó que nadie transforma la justicia solo, por lo que se requieren alianzas maduras, cooperación técnica, confianza y metas compartidas. “Esta conferencia no es un punto de llegada, es un punto de partida para consolidar un ecosistema judicial regional y global”, afirmó.
Asimismo, la representante de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Adna Karamehic-Oates, manifestó que, América lidera la participación en Gobierno Abierto, con nueve participantes, además es la región más participativa en Justicia Abierta. “Justicia Abierta es una de las políticas más fuertes en la región, siendo República Dominicana una de las naciones que la encabezan al asumir los compromisos de transparencia, participación ciudadana y datos abiertos”, aseguró.
El encuentro culmina el jueves 28 con la firma de un nuevo pacto regional a través de la Declaración de Santo Domingo por la Justicia Abierta, un documento que expresa el compromiso colectivo con la transformación de los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe
En el acto de apertura también participaron el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier; la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); así como legisladores de distintas bancadas.
También Carlos Mas Vález, presidente de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), entre otros líderes internacionales y nacionales; así como jueces de las SCJ, de diferentes instancias, miembros de la comunidad jurídica, representantes de organismos internacionales, la academia y de la sociedad civil.
Países participantes
La conferencia contará con la participación de 21 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.
Sobre Justicia Abierta
La Justicia Abierta es un enfoque que busca transformar la administración de justicia para que sea más transparente, participativa, colaborativa, íntegra y responsable. Este concepto se inspira en los principios del Gobierno Abierto, promovido por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Asimismo, se refiere a un enfoque de gestión pública que busca una mayor transparencia, participación ciudadana y colaboración entre el gobierno y la sociedad civil.
Reconocimiento
Durante el evento, el Poder Judicial dominicano rindió un reconocimiento especial a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental de por su "liderazgo visionario y su compromiso inquebrantable con la transparencia y el Estado de Derecho", reconociendo su labor como referente en la construcción de un Gobierno Abierto en el país. Julieta Tejada: Las justificaciones de la directora del INAIPI sobre la niña de Los Guandules, son inaceptables.
Santo Domingo, R.D.– La comunicadora Julieta Tejada expresó su profunda preocupación por la situación de la niñez en la República Dominicana, al referirse al reciente caso de la niña de siete años del sector Los Guandules, víctima de maltrato y muerte.
Tejada señaló que la familia debe ser el primer espacio de protección y formación del niño, pero que cuando esta falla, corresponde al Estado garantizar la seguridad y el bienestar de la infancia a través de sus instituciones.
La comunicadora calificó de “inaceptables” las explicaciones ofrecidas por la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, quien justificó la no tramitación de una denuncia alegando que la menor no estaba dentro del rango de atención de 0 a 5 años.
“Esa indiferencia institucional pudo costarle la vida a la niña. Si esa denuncia hubiese sido canalizada oportunamente hacia Conani o la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, quizá hoy ella estaría viva”, enfatizó Tejada.
Finalmente, la comunicadora advirtió que el país enfrenta una crisis en materia de protección infantil, señalando que en agosto murieron cinco menores en circunstancias vinculadas a violencia intrafamiliar.
Criticó, además, la falta de acciones concretas del gabinete de la niñez y de las autoridades competentes, asegurando que lo ocurrido debe servir como llamado de alerta.
“Las autoridades no pueden seguir indiferentes; se necesitan políticas eficaces, rápidas y humanas para proteger a los niños de la violencia y los abusos”, concluyó.