Santo Domingo.-La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández, afirmó que el Poder Judicial dominicano impulsa una justicia abierta para garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad, en consonancia con el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de las Naciones Unidas.
Sus declaraciones fueron ofrecidas durante la conferencia “Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad”, un foro virtual que reunió a especialistas y representantes de organismos judiciales e instituciones de República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Paraguay, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre.
La magistrada destacó que la justicia abierta resulta fundamental para incorporar a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar el seguimiento efectivo de las políticas de inclusión.
Destacó que desde el Poder Judicial se impulsa la innovación tecnológica mediante herramientas digitales accesibles y una cultura institucional basada en la inclusión y el respeto a la diversidad.
“La justicia abierta permite construir un sistema judicial más transparente, participativo y equitativo, garantizando la igualdad de condiciones para todas las personas, lo que entra en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano”, enfatizó la magistrada.
Adelantó que uno de los retos de la justicia dominicana es el de continuar promoviendo el acceso de personas con discapacidad, y que en base a ello se trabaja en la eliminación de barreras físicas, de comunicación y actitudinales.
Dijo que se realiza la formación de personal judicial en materia de derechos humanos y discapacidad, en coordinación con entidades nacionales e internacionales relacionadas al tema.
Entre los desafíos que el Poder Judicial enfrenta y trabaja para cumplir con el artículo 13 de la CDPD, citó el acondicionamiento de edificios judiciales con la colocación de rampas y mejorar pasillos estrechos, instalación de ascensores, señalización en braille, instalación de sistemas de audio o proveer intérpretes de lengua de señas dominicana y adaptaciones tecnológicas para facilitar el acceso digital a personas con discapacidad visual o auditiva.
Agregó que los operadores del sistema (jueces, fiscales, defensores, secretarios y policías judiciales) requieren formación continua para aplicar de manera efectiva el enfoque inclusivo, especialmente ante la persistencia de prejuicios y estigmas que afectan la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos judiciales.
En ese sentido, la magistrada Nancy Salcedo expuso que la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) desarrolla material didáctico, adecuaciones curriculares y programas de formación continua en derechos humanos y trato digno para sensibilización en discapacidad.
Entre las iniciativas desarrolladas por el Poder Judicial en favor de este segmento de la población están la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad, el Plan de Accesibilidad para Edificaciones Judiciales, Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, Protocolo de Trato Digno en el Acceso a la Justicia para Personas LGBTUQ+, y Personas con Discapacidad y Migrantes y la Guía.
Asimismo, los protocolos de trato digno para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, personas en pobreza y pobreza extrema, privadas de libertad, de atención para mujeres víctimas de violencia y de trato digno para el acceso a la justicia para adultas mayores.
También se destaca la formación y certificación de 42 personas en lengua de señas, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS). Estas personas realizan la labor de intérpretes judiciales en audienciasy en los centros de entrevistas forenses en los casos que involucran víctimas, testigos o imputados que tienen la condición de discapacidad auditiva.
Reconocimientos
Las acciones inclusivas implementadas por el Poder Judicial en favor de las personas con vulnerabilidad le han valido reconocimientos como el Sello RD Incluye, una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Discapacidad y el PNUD dirigidas a las entidades públicas y privadas que promueven el acceso y participación de las personas con discapacidad.
Asimismo, este poder del Estado ha sido reconocido por sus buenas prácticas relativas a la Accesibilidad Universal, impresión en fácil lectura de la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad, y el censo sociodemográfico del personal del Poder Judicial que incluye indicadores de discapacidad.
De igual forma fueron reconocidos los Centros de Entrevistas Forenses, el programa de formación de la Escuela Nacional de la Judicatura para personas vulnerables, sensibilización del personal, lenguaje de señas, derechos humanos y por la aprobación de políticas y protocolos de igualdad. Todas estas distinciones han sido otorgadas en las categorías Oro, Plata y Bronce.
