La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este martes un comunicado en torno a los resultados de las elecciones en Venezuela, puestos en duda por la oposición venezolana y varios países de la región, en el que señala que el régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías.
A continuación el comunicado íntegro de la OEA:
Comunicado de la Oficina del Secretario General sobre el Proceso Electoral en Venezuela e Informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia/Departamento de Cooperación y Observación Electoral
30 de julio de 2024
En el día de la fecha la Oficina del Secretario General recibió el informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA respecto al proceso electoral presidencial en Venezuela en 2024, el cual se adjunta al presente comunicado.
La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas, y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos.
A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha.
El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria.
Se ha hablado de auditoría o de reconteo de actas de un material electoral que no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control. Asimismo, debemos tener presente que, respecto a auditorías, el régimen está atrasado por lo menos 11 años, cuando se comprometió con UNASUR (en reunión del 18 de abril de 2013 en Lima) a hacer una auditoria del 100% de las actas del proceso electoral del 14 de abril 2013. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla sería inadmisible.
Teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico; en este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con las MOEs de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso.
La carga de las injusticias sobre el pueblo de Venezuela continúa, ese pueblo es víctima una vez más de la represión, sin lugar a dudas la característica gubernamental más relevante, fruto de una gestión ineficiente que ha sembrado las más graves crisis humanitaria y migratoria que ha conocido la región.
No hace tanto el Secretario General Luis Almagro expresó que “Ninguna revolución” “puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía, más pobre en valores y en principios, más desiguales en las instancias de la justicia y la representación, más discriminada dependiendo de dónde está su pensamiento o su norte político.”
El Secretario General asimismo expresa que lamenta la falta de memoria acumulativa de actores de la comunidad internacional lo cual lleva sistemáticamente a repetir errores, así como obligar a la Secretaría General a reiterar pronunciamientos y conceptos vertidos desde hace mucho tiempo.
