Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), escogerán este miércoles 31 de julio a su nuevo vocero, así como los demás legisladores que conformarán el bufete directivo que le acompañará en el período 2024-2025.
Junto al vocero, también serán escogidos los congresistas que ocuparán la vice-vocería y la secretaría del bloque de diputados del PLD.
Hasta el momento solo se conoce de las aspiraciones del diputado de la circunscripción número tres del Distrito Nacional, Gustavo Sánchez, para ocupar el puesto de vocero del bloque legislativo opositor.
Sánchez, quien fue el único diputado reelecto por el PLD en la circunscripción tres de la capital dominicana, se encamina a su elección número nueve como vocero.
Gustavo Sánchez, también miembro del Comité Político; ha sido electo diputado en cinco períodos consecutivos, espacio en los que se ha destacado por la introducción de iniciativas legislativas, participación en los estudios de importantes proyectos, en el análisis, discusiones y aprobación de leyes, y otras decisiones del Congreso Nacional de gran impacto para el país.
A Gustavo se le reconoce una gran capacidad de lograr consensos en temas de trascendencia nacional y nunca se le ha visto envuelto en asuntos que provoquen escándalos o ruidos que lo aparten de sus funciones como congresista.
Gustavo Sánchez, es definido como un legislador austero, que renuncia a ciertos privilegios que le otorga la posición, tanto así que se limita a participar solo en las reuniones de comisiones de las que es miembro.
En sus 18 años como legislador, solo ha realizado 6 viajes al exterior bajo la cobertura de costos de la Cámara de Diputados, los cuales han sido para cumplir con las funciones propias de legislador.
En su amplia hoja productiva como congresista, Gustavo Sánchez siempre ha apostado por eficientizar los recursos del Congreso Nacional, y en ese ámbito se destaca un proyecto de ley de su autoría que busca eliminar la entrega de exoneraciones a legisladores para la compra de vehículos de alto cilindraje y establecer un mecanismo de control que impida la pérdida de millones de pesos a través de la fuga de impuestos.
