El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, enfrentó durante seis horas una solicitud de medida de coerción en su contra, que buscaba una sanción por un supuesto desacato a una orden judicial emitida por el Tribunal Superior Administrativo.
La solicitud fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisible la demanda. En ella se alegaba que el canciller había desobedecido una resolución judicial del Tribunal Superior Administrativo, lo cual motivó la acción legal.
La exconsejera Ilonka Rossiveris Pérez Ariza, quien se constituyó como parte civil en el caso, acusó al canciller de “abuso de autoridad” y “atentado contra la libertad personal”. Rossiveris Pérez Ariza, mediante la sentencia TC-0362-19 del 18 de septiembre de 2019, logró que el Tribunal Constitucional le otorgara la facultad de solicitar medidas de coerción en acciones de carácter público, como la presentada contra Álvarez.
El Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Fernando Quezada García, argumentó que la solicitud no debía ser admitida, ya que las acciones descritas en la denuncia no constituyen delitos penales. El Ministerio también destacó que no se daban los elementos necesarios para aplicar una medida de coerción.
Los querellantes señalaron que existen al menos 60 demandas de funcionarios diplomáticos, consulares y otros empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) que exigen la ejecución de sentencias judiciales que ordenan su reposición en el cargo y el pago de prestaciones laborales que no se les han entregado desde 2020, cuando fueron desvinculados por la institución.
