La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó que ante las denuncias que han realizado decenas de fiscalizadores en contra del Ministerio Público sobre supuesto maltrato y explotación laboral, designó una comisión independiente denominada “Grupo de Trabajo”, para que realice un diagnóstico institucional que permita tomar las medidas oportunas.
“Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relación a la carrera del Ministerio Público”, garantizó la procuradora. No obstante, advirtió que no sucumbirá al chantaje y la presión que desde distintos frentes se estarían lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que se está conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Público.
Agregó que estará siempre en disposición de conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideración que se deben como personas decentes.
El comunicado indica que las denuncias hacen referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses, renuncias que, según lo alegado, se han producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.
“Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear respuestas contundentes por parte de la institución, máxime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”. Si algo ha caracterizado mi gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré nada que así disponga (que no es el caso)”, afirmó la magistrada.
