El primer ministro de Haití, Garry Conille condenó y valoró como “inaceptable” el ataque de la banda armada Gran Grif, en la localidad de Pont Sonde en Haití que “causó trágicas pérdidas humanas e hirió a un número indeterminado de personas”.
En ese sentido, Conille exigió “una respuesta urgente, rigurosa y coordinada por parte del Estado”.
A través de un comunicado publicado por la Primacía de Haití, el ministro manifestó su indignación y extendió “su más sentido pésame a las familias afligidas y les asegura, así como a los heridos y sus seres queridos, el apoyo inquebrantable del gobierno en estas horas oscuras”.
Autoridades toman medidas
“Ante esta dramática situación, el gobierno tomó inmediatamente todas las medidas necesarias para reforzar las capacidades del hospital público Saint-Nicolas de Saint-Marc, donde actualmente se está tratando a un gran número de heridos. Se están movilizando recursos logísticos y médicos adicionales para garantizar una atención rápida y óptima a las víctimas”, dicta el comunicado.
La Policía Nacional Haitiana (PNH) está intensificando sus esfuerzos. Agentes de la Unidad Temporal Antipandillas (UTAG) fueron desplegados como refuerzo para apoyar a los equipos ya presentes en el terreno, intensificando así las operaciones de localización de bandas activas en el Artibonite. Además, unidades especializadas de la PNH, apoyadas por las fuerzas de la Misión Multinacional de Seguridad (MSS), salieron de Puerto Príncipe la noche del 3 al 4 de octubre para dirigirse al departamento de Artibonite, en el cruce de la carretera de Canaán. Otras unidades especializadas se están preparando para ser desplegadas desde Puerto Príncipe, transportadas en helicópteros del gobierno haitiano para fortalecer aún más la operación en curso.
Garry llama a la unidad
El Primer Ministro llama a la unidad nacional y a la solidaridad del pueblo haitiano hacia sus conciudadanos afectados por esta ola de violencia.
Reitera el pleno compromiso del gobierno de trabajar incansablemente para restablecer la seguridad, restaurar la autoridad del Estado y proteger a todos los ciudadanos, dondequiera que se encuentren en el territorio nacional.
