El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusada de sustraer más de 900,000 proyectiles de la uniformada.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) junto a un cuerpo de fiscales, contempla que el caso sea declarado complejo.
Camacho destacó que la solicitud, que consta de 213 páginas, contiene 135 elementos de prueba, suficientes, según el Ministerio Público, para que el tribunal acoja la solicitud de prisión preventiva y la complejidad del caso, dada la gravedad del delito. "Este es un caso extremadamente grave, ocurrido dentro de la Policía Nacional, y que pone en riesgo la seguridad nacional de la República Dominicana", afirmó.
Asimismo, Wilson Camacho agradeció la colaboración del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y del inspector general, destacando su apoyo en el avance de la investigación. También subrayó que la investigación continúa, incluyendo el rastreo de posibles armas y pertrechos militares.
"Este hecho ocurrió dentro de una de las instituciones del sistema de justicia. Si bien es fundamental que haya transparencia en todo el país, es aún más urgente en las instituciones judiciales. Este es el tercer caso que se inicia contra miembros del sistema de justicia, y seguiremos trabajando para garantizar que opere con plena transparencia", señaló Camacho.
Con respecto a la posibilidad de nuevos imputados, Camacho indicó que la investigación continúa en curso y que, conforme avance, podrían sumarse otros hechos y personas implicadas. "Los proyectiles sustraídos de la Intendencia de Armas eran vendidos, y estamos rastreando todos los lugares a los que hayan sido distribuidos. Este es uno de los aspectos clave que desarrollaremos durante la investigación", concluyó.
Sobre el caso
La Operación Pandora, que llevó a la detención de los imputados, fue ejecutada en octubre, luego de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Entre los imputados en el caso se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada a este último, entre otros.
El Ministerio Público destacó que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los investigadores.
Durante las diligencias investigativas, se incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos de dispositivos electrónicos. Todo este material consolidó un robusto conjunto de pruebas que fueron presentadas ante el tribunal.
