El Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo, una amplia investigación que desmanteló una estructura delictiva acusada de distribuir sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en diversas instituciones del Estado dominicano.
La operación fue ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución, y se saldó con 15 arrestos y la ejecución de 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago.
Según informó el Ministerio Público, la red operaba utilizando mecanismos de corrupción para obtener y mantener contratos millonarios en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por Milagros Ortiz Bosch, quien alertó sobre irregularidades en los procesos de contratación vinculados a empresas de seguridad privada.
Un equipo compuesto por 26 fiscales y apoyado por 189 agentes de la Policía Nacional llevó a cabo las acciones que condujeron al arresto de 14 personas, cuyos nombres aún no han sido revelados, a la espera de que el Ministerio Público deposite las solicitudes de medidas de coerción en las próximas horas.
Las autoridades adelantaron que la investigación sigue abierta y que se desarrolla bajo una “visión holística”, tal como ha sido promovido por la procuradora general adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
El Ministerio Público advirtió que continuará atacando las estructuras criminales que afectan la transparencia en la administración pública, y aseguró que el caso será llevado ante los tribunales con el rigor que amerita.
