El Ministerio Público sustentó con más de un centenar de pruebas la solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario contra Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias al poner en riesgo la vida de los empleados y el público que acudía al Jet Set Club, cuyo techo se desplomó la madrugada del pasado 8 de abril producto de sus múltiples inobservancias y violaciones a los controles técnicos, provocando la muerte de 235 personas y más 180 heridos.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, resaltó que desde el primer momento en que se registró el lamentable hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todas las medidas necesarias para que se realizara una investigación seria que impidiera que haya impunidad en este caso.
“Desde el primer momento en que se registraron estos hechos la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todo lo necesario para que realicemos un trabajo serio que asegurara que no haya impunidad en estos hechos que han generado un duelo colectivo en República Dominicana”, dijo Camacho, al ser abordado por periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Recordó que la muerte de 235 personas que dejan en la orfandad a decenas de niños y provocan dolor entre familiares y amigos, al tiempo que consterna a toda la población dominicana, es la consecuencia del comportamiento de los imputados Antonio y Maribel Espaillat, quienes “fueron negligentes, irresponsables y tuvieron un comportamiento que evidencia una muestra absoluta de desprecio a la vida humana”.
Dijo además que todo eso está contenido en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en este proceso y soportado en más de 130 medios de pruebas que dan fe de cada unas de las afirmaciones que ha realizado el órgano acusador.
“Esperamos, en consecuencia, que el tribunal acoja la solicitud presentada consistente en prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat”, sostuvo.
Definió la intimidación de testigos como un hecho corroborado en el proceso y un elemento que permite al tribunal verificar el peligro procesal de los imputados, lo cual robustece la postura del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva y domiciliaria.
Sobre la calificación jurídica que ha presentado el Ministerio Público, indicó que contempla las acciones legales que han depositado las víctimas.
Al responder una pregunta alusiva al arraigo de los imputados, Camacho explicó que este caso dejó 235 fallecidos, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos, niños que tenían antes del 8 de abril su vida asegurada y que ahora tienen un futuro incierto porque dos personas decidieron poner sus intereses económicos y personales por encima de la vida humana.
En la audiencia, el procurador adjunto Camacho estuvo acompañado por los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Magalys Sánchez, Héctor García, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado. El juez Rigoberto Sena, de la Atención Permanente, acogió una solicitud de los abogados para preparar su medio de defensa y aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el próximo miércoles, a partir de las 11:00 de la mañana.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicita las medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
Como parte de los elementos que agravan la responsabilidad de los imputados, la investigación determinó que sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.
Los fiscales establecieron que Antonio y Maribel Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas deliberadamente.
Además, la imputada Maribel Espaillat, aun sabiendo del desprendimiento de escombros horas antes del colapso y ante la petición de suspender la actividad, se negó a detener la fiesta, alegando la ausencia de Antonio Espaillat y la imposibilidad de cancelar, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas.
El Ministerio Público resaltó que la cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, modificaciones estructurales sin base técnica, sobrecarga del techo, reparaciones deficientes y desatención a las advertencias de peligro, evidencia un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que desembocó en los lamentables hechos de la madrugada del pasado 8 de abril.
Los peritajes técnicos confirmaron fallas estructurales críticas, como la ausencia de una columna esencial, anclajes deficientes de vigas y la falta de muros de mampostería de soporte, fallas directamente atribuibles a la gestión de la discoteca.
El órgano acusador planteó que los hechos ocurridos en el Jet Set eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y valorado la vida por encima del dinero.
