El Ministerio Público acusó formalmente a 13 personas por el cargamento de 10 toneladas de drogas ocupado en diciembre de 2024 a una organización criminal de narcotráfico como parte de la Operación Panthera 7.
La red fue desmantelada en una labor conjunta del Ministerio Público con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Por el caso fueron acusados formalmente José Nicolás Castillo Hart (Nikito), Winston Armando Tejera Rodríguez (Barbikin o Ñojote), Luis Rafael García Alfonseca (el Duartero), José Alexander Santana Andújar (Alex), Cristian Rayner Canela Aybar y Nelson Neftalí Mercedes Lugo. También, contra Dulvi Jesús de los Santos, Ángel Miguel de la Rosa Polanco, Enriquillo Luis Brito, Enrique José Luis Brito, Moisés Hinojosa Natera (Jovale), Alexander Henríquez Castro (John) y Joel Jesús Jaquez.
El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y la Fiscalía de Santo Domingo Este, encabezadas por sus titulares, procurador adjunto Wilson Camacho, procuradora de corte Sourelly Jáquez y el fiscal Milcíades Guzmán, depositó la instancia en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del citado municipio.
Los representantes del Ministerio Público, Sourelly Jáquez y Andrés Mena, quienes dieron a conocer la información al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, indicaron que están a la espera de que se establezca el tribunal y la fecha para iniciar la etapa preliminar del proceso judicial.
Jáquez reiteró que es el cargamento más grande de cocaína que ha sido ocupado en República Dominicana. La acusación incluye a una empresa de transporte de la zona de Boca Chica involucrada en el alijo ocupado en el Puerto Multimodal Caucedo.
Asimismo, dijo que es el primer caso en la República Dominicana donde se congelaron criptoactivos. “La organización criminal movilizó aproximadamente 5 millones de dólares a través de criptoactivos y billeteras virtuales, donde fueron transferidos esos activos virtuales a través de diferentes billeteras de otros países a nivel internacional, México, Europa, y diferentes partes del mundo”, explicó.
“Tenemos 13 personas acusadas, aunque continuamos la investigación con relación a otras que todavía estamos esperando algunas informaciones y una cooperación internacional”, agregó Jáquez, quien además indicó que entre los involucrados se encuentran empleados del puerto, incluyendo supervisores.
Sobre las pruebas, precisó: “se secuestraron documentos que muestran pagos a autoridades y militares, obviamente no dicen nombres, pero sí la organización criminal pagaba dinero a las autoridades”.
En las acciones contra la red, desarrolladas en forma autónoma por República Dominicana, participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizaron arrestos y allanamientos.
Durante los allanamientos fueron incautados más de 22 millones en efectivo, en pesos y en dólares. Además, 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas y cinco motores fuera de borda, así como armas de fuego.
Tras el desmantelamiento de la red el Ministerio Público indicó que la Operación Panthera 7 ha constituido una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio.
En el transcurso de la investigación recolectaron evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes, con un peso de 9,889 kilos de cocaína, fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.
El Ministerio Público sostiene que los imputados violaron varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88, sobre Drogas Narcóticas y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.
