A poco más de un mes de su llegada a la presidencia de Argentina, el ultraliberal Javier Milei enfrentaba el miércoles la primera huelga general encabezada por la mayor central sindical en rechazo a las reformas económicas y laborales propuestas por el gobierno y que limitan el poder de los gremios.
El paro incluye una movilización de la que también participan organizaciones sociales y partidos políticos opositores.
La huelga fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y cuenta con la adhesión de otras centrales sindicales que rechazan las modificaciones a la legislación laboral propuestas por el Ejecutivo que reducen beneficios para los sindicatos y trabajadores, entre otras medidas que buscan una drástica reducción del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales.
Hacia el mediodía el paro no se sentía con demasiada fuerza en las calles de la capital, donde en varios barrios los comercios operaban con normalidad.
El transporte público funcionará hasta las 19 (2200 GMT) para facilitar la movilidad de los manifestantes que se congregaban frente al Congreso. Columnas de integrantes de sindicatos, el peronismo y fuerzas políticas de izquierda comenzaban a llenar la plaza ubicada frente al edificio legislativo.
En tanto, los aeropuertos de Buenos Aires permanecían abiertos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26 por la adhesión de los distintos gremios aeronáuticos al paro, lo que afecta a más de 17.000 pasajeros.
El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que la huelga supondrá “una perdida de 2,5 millones de dólares que pagaremos todos los argentinos”.
Los bancos, la administración pública, las gasolineras, el personal de salud y la recolección de residuos funcionarán de forma limitada.
Esta es la primera huelga en cuatro años del sindicalismo, que durante del gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) no llevó a cabo una medida similar.
El gobierno de Milei la considera un paro político y acusa a sus organizadores de ser unos “mafiosos” y resistirse al cambio que decidió la sociedad cuando votó al líder de La Libertad Avanza en noviembre.
Adorni señaló que el paro es “un gran sinsentido” y apuntó que “no se puede dialogar con gente que intenta parar el país y muestra un costado bastante antidemocrático”.
Los sindicatos y el resto de los sectores que se movilizan rechazan un decreto de Milei que contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado.
En materia laboral, restringe el derecho a la huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.
A su vez habilita a los trabajadores a dirigir sus aportes en forma directa a los prestadores de salud privada en vez de hacerlo a través de los de los sindicatos, lo cual afecta una importante caja de recursos de los gremios.
La protesta también está dirigida contra un amplio proyecto de ley enviado al Congreso que contempla reformas en los ámbitos político, social, fiscal, judicial, administrativo y de seguridad.
Todas las iniciativas —que en gran parte son apoyadas por sectores empresariales— buscan, según ha aseverado el mandatario, combatir la inflación de 211% anual y reducir así la pobreza que afecta a más de 40% de la población y sentar las bases para lograr la estabilidad y el crecimiento económico.
Si bien es el primer paro contra el gobierno de Milei, la movilización callejera será la segunda gran protesta desde que el economista de ultraderecha asumió el 10 de diciembre.
El gobierno ha advertido que, como en esa ocasión, el miércoles volverá a aplicar el protocolo de seguridad que prohíbe los cortes de calles.
