El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) planteó este viernes que, al igual que el país evitó las apropiaciones irregulares en Bahía de las Águilas, va a contrarrestar en los tribunales las demandas de personas que reclaman el pago de miles de millones de pesos alegando supuestos derechos de propiedad sobre casi todo el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Máximo Hernández, uno de los abogados de la Dirección Jurídica del MMARN, explicó que el caso tiene mucha similitud al de Bahía de las Águilas, ya que el Estado dominicano busca que los tribunales anulen las sucesivas y posteriores transferencias inmobiliarias que se realizaron en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco con posterioridad a su declaratoria de área protegida, contrariando el marco jurídico.
Hernández habló con los periodistas que lo abordaron luego de que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) prorrogara el conocimiento de las audiencias sobre dos demandas en justiprecio, atendiendo a que la secretaría del tribunal debía notificar a la Procuraduría General Administrativa y, atendiendo a que el Grupo Jaragua y Acción Verde solicitaron la incorporación al proceso.
Según el comunicado, los ambientalistas se acogieron a la figura de la intervención voluntaria, por tratarse de un derecho fundamental de interés colectivo.
Los jueces Úrsula Carrasco Márquez, María Guillermina Calderón Abreu y Willys de Jesús Núñez, fijaron la próxima audiencia para el 22 de marzo, a las 9:00 de la mañana.
Por el Ministerio Público estuvieron presentes, Luis Hernán Matos, de la Procuraduría General de la República, y Mayra Henríquez, de la Procuraduría General Administrativa.
Hernández explicó que los procesos se basan en las demandas incoadas por Tomás Rosendo Dante Castillo y DC International, SRL, sobre las parcelas 3250 y 4213, ubicadas dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Explicó que, aunque algunos medios informativos pudieron confundirse, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejerció sus mecanismos de defensa de manera oportuna y razonada.
“El Ministerio nunca ha dejado de defenderse y lo está reiterando en esta oportunidad, donde tiene la intención de revertir todas las fallas o falencias que hubo en la instrucción del proceso en el pasado”, indicó.
“De manera que el tribunal o los tribunales que están conociendo estos siete procesos, tengan los suficientes elementos de pruebas para comprobar que estas demandas son inadmisibles por tratarse de reclamaciones que vinculan áreas protegidas; qué son bienes de dominio público, patrimonio de toda la nación y que no pueden ser objeto de ningún tipo de venta”, sostuvo Hernández.
