En días recientes se cumplió un año, para ser más preciso el 25 de marzo, que el presidente Luis Abinader ratificó ante periodistas que no aceptaría campos de refugiados haitianos en territorio dominicano.
Recuerdo que lo expresó con ímpetu y firmeza: “Hemos sido muy claros, durante más de tres años de Gobierno. Mientras yo esté al frente del Estado Dominicano no aceptaré ningún campo de refugiados en el país. No importa quién lo pida o exija”.
Abel Martínez, siendo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2024, acusó al gobierno de Abinader de “permitir campos de refugiados” de ilegales en el país, pero identificados con otro nombre.
Un campo de refugiados es un lugar donde los gobiernos, organizaciones internacionales y/o no gubernamentales (Ong) concentran a las personas en un área abierta donde deben recibir todo tipo de ayuda.
Mientras que asentamientos son lugares donde se ubican personas que han huido de su país, de su región o lugar de origen a causa de conflictos armados, intereses económicos, violencia generalizada o contra un sector de la población.
Es probable que Martínez se refiriera al término de asentamiento de haitianos.
A un costo superior a los 2 mil millones de pesos, el presidente Abinader inició en 2024 la extensión del muro fronterizo denominado “Verja perimetral”, que imposibilitaría el cruce fronterizo de indocumentados, autorizando su vigilancia al Ministerio de Defensa para su control y vigilancia.
En octubre del mismo año, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que preside Luis Abinader, acordó un operativo con el objetivo de repatriar hasta 10 mil migrantes haitianos indocumentados por semana, buscando con ello reafirmar su compromiso de proteger la soberanía nacional.
No ha importado el levantamiento del muro, ni las torres de vigilancia instaladas ni el patrullaje militar y policial en la zona que divide Haití de República Dominicana.
Los haitianos indocumentados siguen cruzando en masa, como si no existiera la verja perimetral.
Todo indica que Abinader cedió a las presiones del gobierno del expresidente Joe Biden en Estados Unidos, y de los organismos internacionales para permitir la entrada de miles de haitianos de forma indocumentada, y asentarlos en diferentes lugares del país.
Hoy en día, los asentamientos de haitianos no solo están en Friusa, sector que se encuentra en el corazón de la región turística de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, a unas 124 millas al Este de Santo Domingo.
¿Qué es lo que más se destaca del “modus vivendi” en las comunidades haitianas asentadas en territorio dominicano? La insalubridad, el hacinamiento y la pobreza extrema que tenían en su país.
Por igual, la forma de delinquir de muchos de ellos la han traído al país, para aumentar las que ya tenemos en territorio dominicano haciendo del crimen organizado y el tráfico de drogas, uno de los males sin control que está afectando la paz y tranquilidad del pueblo dominicano.
Se acusa a militares destacados en la frontera de ser corruptos e irresponsables, al permitir la entrada masiva de haitianos a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Ni hablar del tráfico de todo tipo de armas y municiones, de mercancías y ganado vacuno robado que cruzan a diario por esa zona.
Informes periodísticos han revelado que los actos criminales protagonizados por ciudadanos haitianos en República Dominicana en 2024, había aumentado de forma exponencial.
Se destacó en esas investigaciones que en el 2024 los haitianos cometieron más de 200 homicidios, quedando impune la mayoría de ellos.
Abinader tiene que reconocer que le ha fallado a los dominicanos. Está claro que su imposibilidad de controlar efectivamente la inmigración indocumentada de haitianos obedece a compromisos contraídos con naciones extranjeras y el empresariado dominicano.
Militares y policías honestos con alto deseo de cumplir con sus responsabilidades, se les ha cuestionado el porqué de la permisividad del tráfico ilegal de haitianos y la no persecución de estas personas al cometer delitos contra la ley. Simplemente responden “son órdenes superiores”.
El presidente de la República es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según está consignado en la Constitución de la República.
Empresarios dominicanos y extranjeros han invertido millones de dólares en infraestructura turística, especialmente en la región Este del país. Pero lo han hecho gozando de exenciones de impuestos otorgados por el gobierno, aprovechando la mano de obra barata de los haitianos indocumentados.
Han levantado sus proyectos hoteleros y turísticos al menor costo, logrando recibir ganancias multimillonarias en sus operaciones en tiempo record.
Otro abuso no muy publicitado, es que agentes policiales corruptos y abusivos acompañados de supuestos agentes de inmigración, aprovechan los días de pago a estos jornaleros para apresarlos cuando se dirigen a sus hogares.
En la ruta hacia un centro de detención para supuesta deportación, negocian la libertad a cambio del pago de una buena suma de dinero. Lograda la trama los liberan.
Eso también es robo, eso también provoca ira. Lo ocurrido recientemente en Friusa fue por algo parecido. No se les pagó a los jornaleros haitianos y se violentaron. Por eso hubo muerte y destrucción en la zona.
