Tras conocerse los diferentes entramados que realizaron ex funcionarios del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina para sustraer multimillonarias sumas de dinero de las arcas del Estado, lógico es que muchos políticos oportunistas busquen la manera de llegar al poder a cualquier costo para intentar hacer lo mismo.
Una de las posturas más aplaudidas del presidente Luis Abinader es haber dado luz verde a la Procuraduría General de la República para que actuara judicialmente contra los que defalcaron al Estado entre los años 2012 y 2020, así como en la actual administración.
Lo triste es que el Ministerio Público no tenga la misma luz verde para indagar con profundidad los delitos de corrupción administrativa y sobornos ocurridos en los periodos de gobierno 1996-2000 y 2004-2012, que encabezó el ex presidente Leonel Fernández, así como los ocurridos en 2000-2004, en el gobierno de Hipólito Mejía.
Ocurrió en el gobierno que encabezó Hipólito que varios ex funcionarios del ex presidente Fernández fueron sometidos a la justicia, involucrados en casos de corrupción en el Plan Eventual Mínimo de Empleos (PEME), por supuestamente malversar más de mil millones de pesos.
Los acusados por ese delito fueron Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo y Luis Incháusti, entre otros.
A partir de 2004, cuando Fernández retorna al poder, estos inculpados lograron salir sin condena judicial, tras el gobierno peledeísta desinteresarse de los expedientes acusatorios y ser puestos en libertad.
Félix Bautista, alto dirigente del PLD, fue implicado en un caso de corrupción por sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo, provincia San Juan. Fue favorecido con un descargo en los tribunales.
En 2008, Bautista fue involucrado en el caso de la Sund Land, que lo implicaba en un supuesto fraude de más de $6,500 millones de pesos logrando nuevamente sentencias de descargo a su favor en la justicia.
Siendo ministro de Obras Públicas en la administración de Fernández, entre 2007 y 2012, Víctor Díaz Rúa fue acusado de cometer delitos de corrupción y lavado de activos. Su caso fue archivado definitivamente por un juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.
En el mismo gobierno de Fernández se conoció otro escándalo de soborno por parte de la empresa brasileña Embraer, para obtener contratos de venta de ocho aviones Super Tucanos.
Imposible de olvidar la acumulación del déficit fiscal de $187 mil millones de pesos que se produjo en esa administración, que dirigió los destinos nacionales entre 2004 y 2012.
Por este hecho, Guillermo Moreno, de Alianza País, interpuso una denuncia formal sobre supuestos actos de corrupción en contra del ex presidente Fernández, Félix Bautista y Díaz Rúa, a quienes señaló como los responsables de ese déficit fiscal.
En 2013, siendo Danilo Medina presidente de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional archivó la querella sin darle curso al expediente, favoreciendo con ello a los implicados.
En 2016, la empresa brasileña Odebrecht reconoció haber sobornado con 92 millones de dólares a funcionarios peledeístas y congresistas dominicanos. Entre los imputados en este entramado de corrupción estuvieron Díaz Rúa, Temístocles Montás, Andrés Bautista, los entonces diputados Ruddy González y Alfredo Pacheco, y los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, entre otros.
Es de recordar que Montás y Pacheco fueron descargados por no haber pruebas suficientes en su contra.
El Procurador General de la República en ese entonces lo era Jean Alain Rodríguez, preso preventivo desde 2021, acusado formar parte de una red criminal que supuestamente defraudó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El insaciable deseo de Leonel Fernández de volver a gobernar resulta preocupante y sospechoso, luego de haber dirigido el país en tres periodos de cuatro años. Ha hecho de todo y seguirá haciendo con tal de lograr ese ego presidencialista.
Busca forjar un gran bloque opositor, pero con él a la cabeza, para desplazar al PRM del poder. Hizo un pacto de alianza con el diminuto Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC). Y otro más reciente con Juan Hubieres, ex diputado, reconocido empresario del transporte y líder del grupo Movimiento Rebelde.
Otrora, Hubieres fue un duro crítico contra Fernández, a quien en el año 2018 lanzó públicamente serias acusaciones y duros calificativos que debieron despertar el interés del Ministerio Público y las autoridades antinarcóticos dominicanas.
Para este empresario del transporte, en ese entonces Fernández era el político más perverso de República Dominicana. Pero hoy día, luego de sellar la alianza, es el candidato más idóneo para dirigir por cuarta ocasión los destinos del país a partir del 2024.
Como las clases no se suicidan, de acuerdo con la teoría del filósofo, político y socialista alemán Carlos Marx, ni Leonel, de la Fuerza del Pueblo, ni Abel, del PLD, garantizan una continuidad de las positivas acciones judiciales contra ex funcionarios corruptos que llevan a cabo la Procuraduría, encabezada por la magistrada Miriam Germán y los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
