Un juez de garantías legalizó el domingo la detención del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuri Vásquez Castro, después de que fueron arrestados el sábado por elementos de la fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Después de una sesión de nueve horas, se dio a conocer que la audiencia de imputación de cargos se realizará el próximo martes. El juez 74 penal con función de control de garantías de Bogotá declaró la sesión como reservada.
La Fiscalía formulará cargos en contra de Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Vásquez Castro enfrentará acusaciones por lavado de activos y violación de datos personales. Además, la Fiscalía solicitará medidas de aseguramiento.
El caso representa un duro golpe al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, al ser la primera vez en la historia del país que el hijo de un presidente en funciones es detenido y acusado de recibir fondos ilícitos para la campaña, lo que ha llevado a la oposición a solicitar una investigación en torno al mandatario.
Durante la audiencia del domingo, el juez también legalizó la incautación de elementos materiales probatorios.
Como parte de la investigación, la fiscalía recolectó innumerables conversaciones que se encontraban en el celular de la exesposa de Petro Burgos, los cuales constarían como elementos probatorios de la imputación.
El caso deriva de las declaraciones de Vásquez Castro a inicios de marzo a la revista Semana, a la que mencionó que el hijo del mandatario colombiano habría recibido recursos ilícitos para el financiamiento de la campaña presidencial de su padre, pero se habría quedado con ellos para invertirlos en una casa.
Según Vásquez Castro, su exesposo había recibido unos 600 millones de pesos (125.000 dólares) de Samuel Santander Lopesierra, conocido en Colombia como el “Hombre Marlboro”, y unos 400 millones de pesos (83.000 dólares) de parte de Alfonso “El Turco” Hilsaca.
Lopesierra fue condenado por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos, mientras que Hilsaca tiene pendiente una decisión judicial por presunto homicidio y asociación delictuosa.
Nicolás Petro, de 37 años y abogado de profesión, negó las acusaciones de su exesposa y se puso a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones. Estuvo casado con Vásquez entre 2019 y 2022.
El exfiscal Alfonso Gómez explicó a The Associated Press que los involucrados enfrentan una condena de entre 15 y 20 años de prisión. Pero en entrevista telefónica aclaró que dependerá de cómo se desarrolle el proceso.
Gómez no descartó la posibilidad de que Vásquez, quien pasó de ser denunciante a imputada, pueda concretar un acuerdo que permite “la liberación de pena a condición de que cuente toda la verdad”.
El presidente Petro reconoció el sábado que, como persona y padre, le duele la situación de su hijo, pero en su calidad de presidente de la República aseguró que la fiscalía tendrá todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley.
“Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, declaró Petro en la red social X, conocida anteriormente como Twitter. El mandatario le deseó “suerte y fuerza” su hijo y aspiró “que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”.
La detención del hijo del presidente desató diversas reacciones.
El equipo de gobierno y la vicepresidenta, Francia Márquez, cerraron filas en respaldo al jefe de Estado, exaltando su posición de no intervención, mientras que el partido gobernante Pacto Histórico solicitó a la Fiscalía y a los jueces el cumplimiento de las garantías procesales y la imparcialidad en el proceso.