Jueces de los departamentos judiciales de Santo Domingo y San Pedro de Macorís se comprometieron a garantizar la atención oportuna y justa en el sistema judicial, respetando su dignidad como derecho fundamental y sin discriminación.
Así lo expresaron por separado el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; y Catalina Ferrera Cuevas, jueza presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, quienes destacaron las transformaciones que se están impulsando en el Poder Judicial para ofrecer un servicio que garantice la dignidad y derecho de las personas.
Esa justicia implica un compromiso con la visión de cero mora, 100% acceso y una justicia transparente.
El magistrado Sánchez Ortiz afirmó que en el Departamento Judicial de Santo Domingo están comprometidos cumplir en un 100% las metas trazadas para este año 2024, teniendo la transparencia como piedra angular para la confianza en el sistema judicial.
“La transparencia es una piedra angular de nuestra visión, para la confianza en el sistema judicial, y en el Departamento Judicial de Santo Domingo hemos integrado a las operaciones la carga de todas las decisiones judiciales al sistema de gestión de casos de manera rutinaria, con la finalidad de tener habilitado el protocolo de decisiones digital para garantizar el 100% de transparencia en nuestras operaciones”, explicó.
En lo relacionado al eje de acceso manifestó que la visión del Poder Judicial no solo se circunscribe en reducir la mora, sino en elevar los estándares y hacer que la justicia sea verdaderamente accesible para todos, independientemente de su situación económica o social, esto de la mano de la tecnología.
“La firma digital es nuestra principal herramienta de trabajo, con la cual se reducen el tiempo para agilizar la fase de aprobación de las sentencias, decisiones y asuntos administrativos, con mayor rapidez, seguridad y transparencia; hoy el 100% de los magistrados y secretarios de nuestro departamento usan la firma digital habitualmente”, indicó.
De su lado, la magistrada Catalina Ferrera Cuevas aseguró que como servidores públicos debemos ejercer nuestras funciones apegadas al trato digno e igualitario para todas y todos los usuarios (as) que concurren en busca de un servicio.
“Es con esa motivación que el Poder Judicial de la República Dominicana ha incursionado en la implementación de una serie de políticas y programas tendentes mejorar las condiciones de acceso a la justicia para personas en condiciones de vulnerabilidad”, afirmó.
Asimismo, destacó que entre esas políticas públicas figura la Guía de Trato Digno y su Protocolo de implementación, cuya idea conlleva la total ausencia de discriminación.
Entre los hitos y desafíos que el Poder Judicial tiene para los próximos dos años figura una agenda local, regional e internacional con actividades y acciones que culminarán en el 2025 con la celebración del World Law Congres, y la Presidencia y secretaría Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y la Cumbre Judicial Iberoamericana, convirtiendo a la República Dominicana en el punto de encuentro de los mejores exponentes de las ciencias jurídicas a nivel mundial.
Esos hitos estarán precedidos por una serie de trabajos que ya han comenzado en distintas comisiones y grupos locales y nacionales que desembocan en una primera fase en la Conferencia del Poder Judicial de 2024.
Paralelamente la agenda se expande al ámbito internacional con actividades temáticas en distintos lugares del mundo, encuentros sociales, académicos y talleres que se distribuyen en el tiempo en una agenda continúa hasta que en 2025 Santo Domingo sea de forma breve pero muy real, la capital mundial del Derecho y la Justicia.
