La empresa DEKOLOR, del empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue descalificada para participar en el proceso de licitación organizado por la Junta Central Electoral (JCE) para el suministro de equipos, materiales y servicios necesarios para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral, con un presupuesto de 2,081.6 millones de pesos.
La descalificación se produjo durante el acto realizado por el Comité de Compras y Contrataciones de la JCE este martes, en el que se procedió a la recepción y verificación de la documentación solicitada a los oferentes, así como de las propuestas técnicas y económicas. En la misma jornada, las empresas presentaron las muestras de las tarjetas y equipos que se utilizarían para la emisión del documento de identidad.
Aunque inicialmente se registraron 19 empresas interesadas en el proceso, tres de ellas no se presentaron, lo que conllevó a su descalificación. Entre las ausentes se encontraba DEKOLOR, que no entregó la documentación ni las muestras requeridas, lo que le impidió continuar en el proceso.
Implicado en caso Camaleón
A Jochi Gómez, implicado en el caso Camaleón, se le atribuye ser beneficiario de contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.
El 10 de octubre del año pasado la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de José Gómez Canaán (Jochi) y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, principales acusados en el caso Camaleón.
En noviembre de ese mismo año le variaron la medida de coerción de prisión preventiva por impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Jochy, propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam pagó una fianza de dos millones de pesos, dinero que va a una cuenta de la Procuraduría General de la República (PGR).
La fiscalía indicó que era investigado por ser el principal beneficiario económico del esquema corrupto de la operación Camaleón.
Dice que a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
