La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente acogió el pedimento de la Fiscalía de Santiago e impuso 18 meses de prisión preventiva contra seis hombres, a quienes el órgano persecutor ocupó en allanamiento 989 libras de marihuana y otras porciones de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, vehículos y otras evidencias.
En representación de la Fiscalía de Santiago, las fiscales Merary Guzmán y Reyna Jiménez expusieron ante el juzgador que se trata de una red de narcotráfico internacional, integrada por cuatro jamaiquinos y dos dominicanos, que ha generado grandes cantidades de dinero fruto se sus transacciones con traficantes de Jamaica, en un atentado contra la salud de la gente y que impacta la seguridad ciudadana.
Los imputados son los dominicanos Francisco Abel Fernández Reyes y Starlin Álvarez Acosta (el Primo y/o el Ingeniero), y los jamaiquinos Nicolás Maron (Duppy), Kene Wilson (Pinda), Sean Martin (Jamaica) y Light Burn (Moreno).
La rigurosa investigación que dio al traste con el alijo, y la identidad de los procesados se desarrolló con la colaboración del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuyos agentes e investigadores desvelaron que el grupo se orquestó para introducir al territorio de la República Dominicana cantidades importantes de sustancias controladas, principalmente de marihuana, mediante lanchas y barcos pesqueros, desde el Estado de Jamaica, para ser almacenadas y distribuidas desde la ciudad de Santiago.
El órgano persecutor, que probó ante la jueza Iris Sugelly Borgen Santana la reiterada conducta delictiva de los imputados nativos, consiguió, además, que el proceso fuera declarado de tramitación compleja.
La importante actividad de tráfico generó alertas que movilizaron las investigaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), corroborando la información acerca de las grandes cantidades de drogas procedentes de Jamaica, que en embarcaciones llegaban por la provincia Montecristi, en el noroeste dominicano, donde se montó la labor de vigilancia y la sucesiva operación que permitió la incautación de la marihuana.
La Fiscalía de Santiago y la DNCD pudieron determinar la ruta que seguían estos cargamentos por vía marítima o transportadas en diversos tipos de vehículos por vía terrestre hasta la provincia Santiago, para luego ser comercializadas.
La Fiscalía atribuye a estos imputados la violación de los artículos 4 letra D, 6 letra A, 8 Categoría I, 9 letra F; 28, 35, letra D, 58 letra A 75 párrafo de la Ley 50-88 de Control de Drogas y Sustancias Controladas, que tipifica el tráfico internacional de marihuana.
