El especialista en reforma y modernización de la Administración Pública, doctor Gregorio Montero, reveló que existen varias propuestas de fusión, eliminación de instituciones y de reducción de 23 hasta a 16 los ministerios del Estado.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, dijo que lo que se procura con todo esto es racionalizar la organización y funcionamiento de las instituciones gubernamentales.
Detalla las propuestas comprenden la eliminación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, la fusión del Ministerio de Cultura y con el de Deportes y que todas las instituciones que tienen atribuciones relacionadas con la protección y asistencia social sean agrupadas en un solo organismo.
Citó también las propuestas de fusión entre los ministerios de Hacienda y el de Economía y Planificación y Desarrollo.
“Si eso se produce, ya ustedes saben que todas esas direcciones que dependen de cada ministerio uno de esos tienen que ser replanteadas, tienen que ser revisadas y en función de eso se deben tomar decisiones”, acotó.
Advirtió que no solamente debe darse un proceso de reestructuración de las instituciones del Estado, sino que cada tres años el Ministerio de Administración Pública debe hacer una revisión de la estructura organizativa
“Surgieron los escarceos con relación a la fusión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior, nadie quiere que le fusionen, ni que le eliminen, porque reitero siempre, no se están eliminando las competencias, la propuesta es fusionar, integrar y en algunos casos evidentemente eliminar instituciones que pueden ser bien integradas”, subrayó.
Indicó que lo que se procura es darle una lógica a la integración de la función pública y la racionalidad administrativa.
Montero recordó que se ha planteado la fusión de las direcciones generales de Aduanas y la de Impuestos Internos, como una administración tributaria unificada.
“Lo que está ocurriendo es muy importante y es bueno que ocurra porque históricamente los temas relacionados con la Administración Pública parecía que era del interés exclusivo de una especie casta”, dijo.
Con respecto a los ministerios, aseguró que hay una propuesta de que la cantidad se pueda reducir a 16.
“Pero hay otra que dice que se reduzcan de 23 a 18, otra que dice que se reduzcan de 23 a 20, a 19, es decir, no hay una camisa de fuerza, y además, el rol de un técnico es presentarle al tomador de decisiones, que es siempre autoridad política, porque en la Administración Pública así es que funciona la cosa, todas las decisiones son políticas”, enfatizó.
Significó que si esas decisiones políticas no están sustentadas técnicamente, porque la Administración Pública es pura ciencia, puede haber dificultades.
Montero precisó que la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que pueden existir seis viceministerios por cada Ministerio.
“Pero nosotros entendemos que muy pocos ministerios en la República Dominicana demandan y requieren seis viceministerios, ahí también se pueda hacer un trabajo sumamente importante y todo eso está documentado y sustentado”, subrayó.
Manifestó que hay un mandato del artículo 138 de la Constitución de la República, que establece cuáles son los principios para la organización y funcionamiento de la Administración Pública, uno de los cuales es el de racionalidad, economía, eficacia y eficiencia.
El experto en Derecho Público aseguró que todos los ciudadanos deberían ser interesados en los temas de la Administración Pública, porque al final de cuenta las decisiones provenientes de la misma a quienes afectan de manera positiva o negativa es a la ciudadanía.
“Entonces, qué bueno que se esté aireando esta cuestión y que así ocurra con todos los temas que tienen que ver con las mejoras de la Administración Pública y el fortalecimiento de las instituciones estatales”, acotó.
El especialista en reforma y modernización dice que el presidente Abinader puede fusionar o eliminar 69 instituciones por decreto
El especialista en reforma y modernización de la Administración Pública, doctor Gregorio Montero, reveló que la fusión y eliminación de instituciones comprenden unas 69 oficinas y direcciones generales cuya decisión debe ejecutarse mediante decreto.
“Una tercera etapa tiene que ver ya con decreto, eso requiere de un decreto del señor presidente la República, reubicando, eliminando y fusionando algunos órganos, eso afectaría a unos 69 órganos, más o menos”, adujo.
Aclaró que la fusión no se trata de eliminar la competencia de esas instituciones, sino evitar la duplicidad en el ejercicio que por coherencia y lógica debe estar en un mismo ámbito.
Observó que esas instituciones que deben fusionarse son oficinas, direcciones generales, entre otras.
Narró que una cuarta etapa afecta a los ministerios y viceministerios. “No es solo un problema reestructurar la función ministerial, es que nosotros tenemos que clarificar la cuestión de los sectores, desde el punto de vista institucional”, agregó.
El ex viceministro de reforma y modernización del Estado del Ministerio de Administración Pública (MAP) expuso que prefiere usar el término racionalización, en vez de ser fusión o eliminación de instituciones.
El ex secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) dijo que la Ley 147-12 Orgánica de la Administración Pública contempla cómo debe organizarse y funcionar la Administración Pública.
Asimismo, incluye el mandato de que debe darse un proceso de reestructuración de la Administración Pública, de cuya labor responsabiliza al MAP.
El experto sostuvo que el proceso de fusión y eliminación de instituciones empezó en la anterior gestión del presidente Luis Abinader, cuando inició un proceso de reestructuración que llevó a la eliminación de algunas instituciones, como la OISOE, el Despacho de la Primera Dama y la CDEEE.
Indicó que posteriormente la otra fase es la reorganización, que no requiere ni ley ni decreto, de algunas instituciones que no están colocadas donde deben estar y otras que no son instituciones públicas, sino que más bien organizaciones no gubernamentales pero que están en la estructura de la Administración Pública.
