Este jueves expira el plazo de 48 horas dado por República Dominicana para que Haití ponga fin a la construcción de un canal impulsado por sectores haitianos para desviar el curso del río Masacre y transferir sus aguas hasta propiedades rurales, advirtiendo que, de no hacerlo, cerrará sus fronteras terrestre, marítima y aérea.
Ahora, llegado este ultimátun a su final, se presenta una atmósfera cargada de mayor tensión, ante el temor de que estas medidas tendrán un fuerte impacto en la dinámica económica de ambos países, pero con más crudeza para Haití, que sucumbe desde hace tiempo a causa de múltiples variantes de crisis.
Ya el pasado lunes, cuando el Consejo de Seguridad Nacional dio a conocer las medidas a implementar ante el conflicto en curso, entro en vigor la suspensión definitiva de la emisión de visas a haitianos y la prohibición de entrada al país de todos aquellos involucrados en el conflicto.
El cierre de la frontera, en el lado limítrofe con Dajabón, ya estaba en desarrollo, al ser la zona afectada directamente por los trabajos de construcción del canal.
EFECTO DE LAS MEDIDAS
Aunque el país sentirá los efectos de este conflicto, el cierre de los cuatro pasos fronterizos constituirá un golpe doloroso para centenares de haitianos que participan en el comercio bilateral cada semana, una situación que disolverá los menguados recursos de la población empobrecida de ese país.
Al cierre general de fronteras que se espera sea puesto en marcha por el gobierno dominicano, al no producirse una respuesta de Haití al pedimento base del país, se agregará la reactivación de la toma del río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.
También habrá de ponerse en marcha la construcción del proyecto de la presa Don Miguel, planteada como “solución definitiva a largo plazo”.
El diseño de esta obra comenzó en 2022 y se estima que la construcción duraría, al menos, 30 meses.
