La persecución judicial contra la corrupción gubernamental, lavado de activos, sobornos y violación de los derechos humanos en Perú ha logrado que en los últimos 14 años seis expresidentes hayan sido condenados a cumplir años de cárcel tras comprobarse que cometieron esos delitos en el ejercicio de sus funciones.
El Ministerio Público peruano ha demostrado que con un sistema de justicia independiente y autónomo amparado en la Constitución, se puede actuar contra políticos corruptos e inmorales que, al administrar el Estado, gobiernan para enriquecer sus cuentas bancarias personales y las de sus más cercanos colaboradores.
El caso más reciente lo vimos en la figura de Alejandro Toledo, quien llegó a Perú extraditado desde los Estados Unidos, lugar donde creyó podría evadir los tentáculos de la justicia de su país.
Toledo enfrenta cargos por delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias durante su mandato presidencial (2001-2006). El exmandatario siempre ha negado las acusaciones en su contra, las cuales tilda de persecución política.
Como todo un político preso, los fiscales lograron que un juez le impusiera 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Lima, donde también guardan prisión los expresidentes Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. Luego de 10 años de mandato, fue acusado de cometer actos de corrupción y abusos contra los derechos humanos.
Huyó del país hacia, Chile donde fue apresado en noviembre de 2005 y luego extraditado a su país en 2007. Un tribunal judicial lo condenó a 25 años de prisión en abril de 2009, convirtiéndose en el primer jefe de estado electo en ser extraditado, juzgado y condenado.
Alan García, quien gobernó desde de 2006 a 2011, logró zafarse de la prisión al suicidarse de un disparo a la cabeza en 2019, cuando fiscales visitaron su casa para arrestarlo en relación con los delitos de corrupción y sobornos de la empresa Odebrecht.
Ollanta Humala, expresidente socialista y nacionalista, gobernó entre 2011 y 2016. Fue acusado en 2017 junto a su esposa Nadine Heredia de delitos de corrupción y lavado de dinero en un escándalo de más de tres millones de dólares, que involucró a la constructora brasileña Odebrecht.
En mayo de 2019, la fiscalía peruana solicitó 20 años de prisión para él y 26 años para su esposa.
Pedro Pablo Kuczynski gobernó Perú entre 2016 y 2018, año en que tuvo que renunciar a la presidencia tras un juicio político iniciado por el Congreso peruano, que lo acusó de lavado de dinero y soborno de Odebrecht. En prisión preventiva desde abril de 2019.
José Pedro Castillo, de ideología izquierdista, ascendió al poder el 28 de julio de 2021 con el partido Perú Libre.
Luego de 17 meses en el cargo, fue destituido en diciembre de 2022 por el Congreso, no por corrupción, sino por intentar disolver este poder del estado que, según él, obstaculizaba todas sus iniciativas gubernamentales. Luego de destituido, fue apresado y sometido a la justicia por sedición y alta traición.
En su lugar fue nombrada la vicepresidenta Dina Boluarte, estallando la violencia en todo el Perú. El pueblo reclamaba la libertad de Castillo y su restitución presidencial.
Justicia dominicana y la corrupción
Con respecto a República Dominicana, Salvador Jorge Blanco, quien gobernó en el período 1982-1986, ha sido el único expresidente arrestado y sometido a la justicia acusado por corrupción en 1987.
En los 36 años siguientes, ningún otro expresidente ha sido investigado o sometido a la justicia por delitos relacionados con la corrupción, enriquecimiento ilícito y/o soborno, a pesar de las denuncias y pruebas documentadas dadas a conocer por diferentes medios informativos comprometiendo seriamente la integridad moral de los exmandatarios Joaquín Balaguer (fallecido); Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.
La mención de altos dirigentes políticos en las altas cortes dominicanas y en el Ministerio Público hizo que escandalosos actos de corrupción se produjeran sin castigo o persecución, especialmente en los últimos 20 años de gobierno de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Es a partir del gobierno de Luis Abinader, quien ascendió al poder en agosto de 2020, que la justicia dominicana ha estado trabajando con cierta independencia en la persecución de delitos de corrupción administrativa.
Las acciones del Ministerio Público han logrado llevar a la cárcel de forma preventiva, a espera de juicio definitivo, a decenas de ex funcionarios, civiles y militares corruptos del pasado gobierno que encabezó el ex presidente Medina.
Muchos de los imputados han devuelto al Estado dominicano miles de millones de pesos, admitiendo con ello su culpabilidad, y a quienes el Ministerio Público les ha incautado suntuosas propiedades, fincas y automóviles de alta gama adquiridos mediante operaciones de lavado de activos.
