En el juicio del caso Coral y Coral 5G, que se celebra en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en su réplica, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), en representación del Estado, solicitó a las magistradas rechazar solicitudes de extinción penal, presentadas por las defensas de los acusados.
También, solicitaron declarar inadmisible la solicitud de exclusión del Estado dominicano como querellante y actor civil, en aplicación de los principios de la cosa juzgada y del no retrotraer el proceso a una etapa anterior o ya concluida.
Por otro lado, las juezas aplazaron el juicio, cuyo principal imputado es el general Adán Cáceres, para el martes 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, y les informaron a las defensas técnicas podrán hacer réplicas, de forma voluntaria, ese día con un máximo de 30 minutos.
Hoy, varias de las defensas mantienen sus pedimentos sobre la extinción de la acción penal de este juicio, que comenzó el 27 de junio de 2024, donde alegan que existe un retardo indebido e injustificado en el conocimiento del proceso penal.
El Ministerio Público sostiene que una supuesta red saqueó al Estado con más de RD$4,500 millones provenientes de los contribuyentes.
Según la acusación, los imputados sustrajeron fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Cusep, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Cestur, y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani.
Para los principales imputados, el órgano acusador solicita 20 años de prisión y el pago de una indemnización equivalente a 400 salarios mínimos.
En el caso también están implicados los generales Cáceres Silvestre, Torres Robiou y Camilo de los Santos Viola, así como Boanerges Reyes Batista y Franklin Mata Flores, entre otros, para quienes el Ministerio Público solicita la misma pena de 20 años.
Asimismo, el órgano acusador pidió 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
El Ministerio Público también solicitó cinco años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, junto con una multa de 200 salarios mínimos.
Para Carlos Augusto Lantigua Cruz se pidió una multa de RD$500,000, mientras que para Miguel Ventura se solicitó una sanción del mismo monto.
