Las acusaciones del capo mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada tras su arresto en Estados Unidos renuevan las sospechas de la presunta complicidad de funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el narco, en particular en el estado de Sinaloa, cuna del homónimo cártel.
Zambada, cofundador del grupo, sostuvo el sábado en una carta que el día de la detención se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El capo también aseguró que lo acompañaba un comandante de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, José Rosario Heras, al encuentro, que en realidad fue un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para llevarlo en un avión a Estados Unidos, donde aprehendieron a ambos cerca de El Paso, Texas.
Las declaraciones de Zambada, quien nunca había pisado la cárcel en sus más de 40 años de carrera, resultan en “una afectación grave” al Gobierno, consideró Clemente Romero Olmedo, experto en seguridad nacional de Cronem Consultores.
“Pareciera que es la confirmación de los vínculos que hay entre la clase política a nivel local, al menos en este estado, con los grupos criminales que dominan la región”, expuso el especialista a EFE.
Una nueva tensión con EEUU
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó el viernes que ningún agente estadounidense intervino en territorio mexicano, pero López Obrador dudó esta semana de esas afirmaciones al insistir en que Washington no ha dado toda la información del arresto.
“Estamos en un juego de sombras y no tenemos claro en dónde estamos parados ni cuál es el vínculo, el nivel de confianza, entre el Gobierno de Biden y el del presidente (López) Obrador“, comentó Romero Olmedo.
Mientras que Saucedo señaló la creciente presión de Estados Unidos, que este año tiene elecciones presidenciales con el tráfico de fentanilo como un tema clave, por lo que “esta operación unilateral de los norteamericanos le manda un mensaje al Gobierno de López Obrador”.
