Debido al déficit fiscal del 5%, un endeudamiento del 60% del PIB y una baja inversión pública por falta de liquidez, reconocidos economistas consideraron que la realidad económica demanda recaudar más, pero con el cuidado de no afectar el empleo, la inversión y la producción al ejecutar una reforma tributaria como proyecta actualmente el gobierno.
En ese punto coincidieron los profesionales de la economía Jaime Aristy Escuder, Magín J. Díaz y Juan Ariel Jiménez, quienes plantearon múltiples soluciones para evitar que la reforma se convierta en una distorsión, durante un conversatorio-panel auspiciado por la Asociación de Empresas e Industrias de Boca Chica (Abocachica) y la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, realizado en la sede de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)
Aristy Escuder, economista y exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, destacó la insuficiencia de la actual presión tributaria del 14%, que no permite cubrir adecuadamente las necesidades de gasto social del país. Subrayó que solo se ejecuta un 2% del PIB en gasto de capital, muy por debajo del 6% registrado durante la era de Balaguer.
Además, señaló que la deuda pública, actualmente en un 60% del PIB, debería reducirse al 40%. "Es posible aumentar las recaudaciones en un 3% o 4% del PIB sin necesidad de tocar las tasas impositivas. No obstante, es crucial mejorar la calidad del gasto público, cerrar el déficit en el sector eléctrico, que representa un agujero de 1,500 millones de dólares anuales, y reducir la evasión tributaria", afirmó Aristy.
Magín J. Díaz, exdirector general de Impuestos Internos, se refirió al déficit fiscal estructural que enfrenta el gobierno, el cual asciende a 350,000 millones de pesos anuales, equivalente a un 5% del PIB. Díaz explicó que, aunque las recaudaciones se han estancado en niveles similares a los de 2019, el gobierno necesita aumentar sus ingresos para reducir tanto el déficit como la deuda, sin agravar la carga tributaria sobre los contribuyentes actuales.
"La solución será dolorosa porque existen muchas distorsiones en la economía y en el sistema tributario que deben corregirse, pero es fundamental que cualquier reforma sea equilibrada para no afectar el empleo, la inversión y la producción", advirtió Díaz.
Juan Ariel Jiménez, economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, coincidió en la necesidad de recaudar más, pero cuestionó cuál es exactamente el objetivo de la reforma tributaria que se quiere implementar. Jiménez resaltó que, aunque el nivel de la deuda consolidada del país es preocupante, con un 60% del PIB, no estamos al borde de una crisis fiscal.
Sin embargo, reconoció que el gobierno enfrenta un problema de liquidez estructural que limita su capacidad para dejar un legado significativo. "El desafío está en aumentar la eficiencia recaudatoria sin recurrir a medidas tradicionales que podrían ser ineficaces y controversiales. Tecnologías como los algoritmos y el análisis de datos pueden ser herramientas clave para mejorar la recaudación y reducir la evasión", afirmó Jiménez.
Bredyg Disla, presidenta de Abocachica, destacó en sus palabras de bienvenida la importancia de abordar la reforma fiscal con sensibilidad y visión a largo plazo. "La reforma tributaria no debe ser vista solo como un ajuste técnico, sino como una oportunidad para fortalecer la estructura económica del país sin poner en riesgo el bienestar de los sectores más vulnerables", subrayó Disla.
Luego de la exposición individual de los tres economistas, se llevó a cabo un panel de discusión moderado por Luis José López, miembro de la directiva del gremio empresarial. Durante el panel, se profundizó en las posibles estrategias para implementar una reforma tributaria que cumpla con los objetivos de aumentar las recaudaciones y reducir el déficit, sin comprometer el crecimiento económico del país.
El conversatorio dejó claro que si bien la reforma tributaria es necesaria, su implementación debe ser cuidadosamente planificada para evitar distorsiones en la economía. Los economistas coincidieron en la necesidad de un enfoque equilibrado que permita aumentar las recaudaciones del Estado sin afectar negativamente al empleo, la inversión y la producción, subrayando la importancia de adoptar medidas innovadoras y eficientes en el proceso.
