La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió este miércoles al director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privada (DGAPP), Sigmund Freund, con la finalidad de escuchar su opinión con relación al proyecto de ley que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos con anterioridad a la aplicación de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo.
De entrada, el funcionario explicó que el Gobierno está inmerso en la revisión de los contratos de concesiones previos al 2006, los cuales en algunas de ellas se ha podido desarrollar el contrato de manera óptima, y otras no se ha podido por ciertas situaciones que son en gran medida atribuibles al Estado dominicano.
Freund puso como ejemplo el contrato de la Autopista de Samaná, el cual establecía que el contrato de concesión se regulaba por el propio documento, sin existir ningún tipo de regulación legislativa, negándole la posibilidad al Estado dominicano de poder disponer de medidas de salvaguarda y protección de los intereses del país y que por eso, el país cargó por muchos años con ese contrato tan oneroso, hasta que la presente gestión decidió ponerle fin.
Dijo que se han encontrado otros contratos importantes suscritos previo al 2006, en los cuales muchos de ellos tienen particularidades que van inclusive contrario a lo que debe ser un contrato de concesión conforme a lo que son los lineamientos en los actuales momentos, con prerrogativas exorbitantes en favor de los concesionarios, con derechos que van más allá y una distribución de riesgos frente al Estado dominicano, totalmente desproporcionadas, en la cual el Estado dominicano, en gran medida tendría que cargar con gran parte de las debilidades y posibles perjuicios del contrato.
"Luego de haber pasado durante más de dos años recibiendo diferentes tipos de informaciones y revisando documentaciones, conjuntamente con el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, tomamos la iniciativa de preparar un anteproyecto de ley en el cual se pudiesen establecer condiciones mínimas regulatorias de todos esos contratos que fueron suscritos previo al 2006 con la finalidad de poder, aquellos que estén vigentes, revisar su condición actual y en caso de que sea necesario y sea beneficioso para el pueblo dominicano, poder otorgar algún tipo de remuneración adicional o verificar cualquier aspecto del contrato, someterlo a revisión", explicó.
Aclaró que en el proyecto de ley no se le otorga ningún derecho a ninguna empresa concesionaría y que lo que hace es que delega en el Gobierno Central o a una autoridad pública la discrecionalidad de disponer, si entienden conveniente o no, hacer cualquier tipo de ajuste a la concesión.
"Con este proyecto de ley no estamos, como administración central, otorgándole ningún derecho adicional a los concesionarios, ni estamos entregando nada más allá de lo que el propio contrato establece, aquí lo que estamos nosotros es permitiendo que la administración pública pueda revisar, ajustar, introducir modificaciones, extender si es necesario y modificar cualquier aspecto de los contratos de concesión", recalcó.
Sigmund Freund aclaró también que están fuera de la pieza legislativa aquellos contratos de concesión que están bajo la sombrilla de leyes especiales como por ejemplo en los contratos en materia eléctrica, que hay una ley especial, que es la Ley General de Electricidad, ni los contratos de telecomunicaciones, que tiene una ley del año 2002.
Explicó, además, que se estableció el sentido de temporalidad para que sea aplicada por unos tres años. "No pretendemos que esta ley sea permanente en el tiempo porque ya para eso existe la Ley de Alianza Público-Privada, sino que esto viene solo a regular un vacío legal que existe con decenas de contratos que están vigentes actualmente y otros que están en un especie de limbo jurídico, porque no han podido ser materializados en virtud de la ausencia de estas disipaciones legales que permitan que puedan llevarse a cabo".
El funcionario fue recibido en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, por más de treinta diputados de la Comisión de Hacienda, a cargo del estudio de la iniciativa de ley.
