El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a siete y cinco años de prisión y suspensión de trabajo a dos canadienses, por agresión sexual y amenaza en contra de dos menores de edad en el sector El Mirador, de Jarabacoa.
Adam Eric Pepper y su esposa Tracee Lynne Pepper (Tracee Lynne Plett), ambos de 35 años de edad, también se les impuso el pago de 10 salarios mínimos oficiales y las costas penales del proceso. El caso fue sometido por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público de esa jurisdicción.
El primero cumplía prisión preventiva desde febrero de 2021 en la cárcel pública de La Vega y fue condenado a siete años de privación de libertad, mientras que a su esposa se le impuso cinco años suspensivos de trabajo, impedimento de salida del país y abstenerse de impartir docencia en centros educativos.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por la madre de un menor de 12 años, luego de encontrar imágenes en el celular de su hijo que le había regalado Adam Eric Pepper, donde se visualiza al imputado agrediéndolo sexualmente, el cual reconoció por el pantalón que vestía.
El acusado, siempre que cometía el acto delictivo amenazaba al menor de edad que si decía algo él iba a caer preso y que luego no le iba a poder seguir dando regalos.
La madre del menor declaró que el imputado le decía que le dejara al menor para estar con él más tiempo a solas y que le firmara un papel donde precisara que si a ella le pasaba algo, él y su esposa se quedaban con el niño.
Tracee Lynne Pepper también está acusada de tocar al menor y de grabar imágenes sexuales del niño junto a otra niña, de 13 años de edad, por lo que también fue acusada por la tía de esa menor, la cual declaró que Plett le decía que si se atrevía a decir lo que le hacía iba a matar a ella y a su familia.
Tras un allanamiento en la vivienda de los imputados en abril de 2021, el Ministerio Público les ocupó memorias USB, una cámara profesional con sus accesorios, una maleta con equipo de grabación de alta definición, una cámara digital pequeña con sus accesorios para usarla debajo del agua, entre otras pertenencias. En las cámaras se encontraron videos con imágenes de menores en actividad sexual.
La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al presente proceso en contra de los acusados es por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano que tipifican y sancionan la asociación de malhechores para cometer amenaza y agresión sexual, así como explotación sexual, comercial y la disposición de imágenes que atentan contra el honor y la dignidad de niños, además de violar artículos que sancionan la producción, comercialización, adquisición y posesión de pornografía infantil.
