La Fiscalía ha depositado escrito de acusación con imputaciones múltiples contra 13 implicados en la red delictiva que operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago y que tramitó miles de documentos falsos públicos y privados, informó este lunes la Procuraduría General de la República (PGR)
Según un comunicado de la PGR, la acusación describe en el documento la estructura descubierta en la operación Colibrí y cómo la red se conformó sumando a sus filas a personas que desempeñaban diversos roles para falsificar documentos, entre otros cédulas de identidad, licencias de conducir, carnés de distintos tipos, licencias para el porte de armas de fuego y títulos de propiedad.
Los acusados miembros de esta red son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo), Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso (exempleado del organimso electoral).
Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía de Santiago en colaboración con técnicos de la Junta Central Electoral, se aportaron más de 800 elementos de prueba, incluidos los plásticos incautados en allanamientos que se utilizaban para imprimir los documentos.
Según la investigación, los trabajos captados por los denominados ‘buscones’ o tributarios eran tramitados a quienes los ejecutaban dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.
Los acusados, agrega, borraban el contenido de las actas originales preservando el papel de seguridad en que las mismas eran impresas y luego imprimían la información falsa, en un documento con todas las características de seguridad del original.
El Ministerio Público otorga al proceso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano, y artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, sobre asociación de malhechores, falsificación de escritura autentica o pública y falsedad en escritura privada.
A Montero Troncoso se le imputa la violación de los artículos, 265, 266, 145, artículo 86 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, y artículos 6 párrafo I, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología relativos a asociación de malhechores, falsedad y alteración de la naturaleza de los actos y accesos fraudulentos a una base de datos.
