A solicitud del Ministerio Público, fue dictada prisión preventiva por 18 meses en contra de cinco imputados de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, la cual fue desmantelada la pasada semana con la Operación Gavilán.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, resaltó que el juez acogió la solicitó del Ministerio Público y declaró la complejidad del proceso y la prisión preventiva por 18 meses a 5 imputados.
“El Ministerio Público había solicitado, en audiencia, cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16,000 casos en la base de datos del Ministerio Público”, explicó Reynoso.
Agregó “Habíamos establecido el gravísimo impacto que estas acciones delictivas, tienen no solo para el Ministerio Público; estos hechos han tocado todo el sistema de justicia y la sociedad. El juez así lo ponderó, dictando, la complejidad del proceso, por entender que tiene todas las características de un caso complejo".
Asimismo, el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargos de parte del Ministerio Público.
A dos de los imputados se le impuso prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.
A otros cinco imputados, que unidos a los de arrestos domiciliarios aceptaron los cargos que el Ministerio Público presentó en la medida de coerción, les fue impuesta garantía económica, presentación e impedimento del país.
“En la gestión de la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público tiene un compromiso con investigar todos los hechos punibles; en este caso, esas investigaciones nos han llevado a nuestra propia casa, en un caso en el que, lamentablemente, personas a las que se le otorgó confianza, tenían la obligación de proteger y gestionar la base de antecedentes penales del Ministerio Público, se asociaron, convirtieron una estructura criminal a cambio de soborno en una operación típica del lavado de activos.
En la operación hay varios fiscales que están bajo investigación.
Los fiscales investigadores Andrés Mena y Sourelly Jáquez, forman parte del equipo que estuvo presente en la audiencia.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, declaró el caso de tramitación compleja y le impuso la prisión preventiva por 18 meses a los imputados Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco, Domingo Julio Santana Sánchez y a Rubén Darío Morbán Santana.
En tanto que los imputados que arribaron a acuerdos para cooperar con la investigación del Ministerio Público recibieron diferentes medidas de coerción, entre los que se encuentran Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Dilcia Argentina Nuñez Santos, Alexander Romanqui Dotel; las medidas impuestas consisten en impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.
A los encartados Pilar Irenes Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro les impusieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación que desmanteló la red criminal participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
