San Pedro Macorís.-A solicitud de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, un tribunal confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Rocío del Alba Rodríguez de Moya y a Marisol Nova Nolasco, principales cabecillas de una red de estafa electrónica de carácter inmobiliario.
La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, presidida por el magistrado Glass Gutiérrez, tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por las imputadas, confirmó en todas sus partes la decisión dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana que el pasado 25 de febrero le impuso la medida privativa de libertad.
Rodríguez de Moya y Nova Nolasco cumplen prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
Igualmente, Yves Alexandre Giroux, principal cabecilla de la red, cumple la misma medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. En la audiencia para la revisión obligatoria de la coerción a dicho imputado, el próximo 5 de agosto, el Ministerio Público también pedirá que le sea confirmada la medida privativa de libertad.
Giroux encabezaba la estructura junto a Loany Ortiz, quien se encuentra aún detenida en Bogotá, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
El grupo criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional conocida.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$ 18,851,583.12, además de que han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes.
El Ministerio Público ha indicado que el accionar de estos malhechores constituye una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El equipo de litigación, estuvo conformado por los procuradores de Corte, Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, además del procurador fiscal Claudio Cordero.
Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez manifestaron que esta decisión confirma la solidez de la imputación y de la investigación que realiza el Ministerio Público.
