La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes la suspensión del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la razón social Transcore Latam, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red de semáforo del Gran Santo Domingo, luego de encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación.
En ese sentido, la institución decidió suspender los efectos del contrato núm. DJ-CSB-009-2023, por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997 para la “Contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórico del Gran Santo Domingo”.
La decisión de suspensión de oficio implica que las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del referido contrato, como medida provisional, hasta tanto se decidan el recurso jerárquico presentado por la razón social ESC Group, S.R.L. y las tres solicitudes de investigación presentadas por Sistemas Integrados de Control, S.A. (Sictranscore) y el señor Ricardo Echandi; la razón social Transcor LP; Icontrol, S.R.L. y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, según indica la nota de prensa.
El órgano rector detalló que, dentro de las denuncias de irregularidades realizadas por dichas empresas, ha podido constatar de manera preliminar, que la oferta técnica de la empresa adjudicataria contiene documentos en el idioma inglés, sin las debidas traducciones.
Asimismo, verificó que, pese a que la empresa contratista alega tener una experiencia de 19 años en contratos de naturaleza y magnitudes similares, su registro mercantil aportado en la oferta técnica acredita que fue constituida en el año 2022.
En cuanto a las certificaciones presentadas en su oferta técnica, concretamente las expedidas por Transcore LP y Sictranscore, no es posible determinar de la simple lectura que se refieran a Transcore Latam, S.R.L.
“Esta Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido, hasta tanto se determinen si esas irregularidades tienen mérito o no”, agrega.
Subraya que la continuación del contrato suscrito, ante indicios de irregularidades que afectarían eventualmente la continuidad de la contratación, podría suponer mayores perjuicios que beneficios.
La DGCP detalló que con esta decisión se busca garantizar el interés general, el uso eficiente del gasto público y el respeto de los principios sobre los que deben regirse las contrataciones públicas.
La decisión está contenida en la resolución RIC-156-2023, emitida en fecha 27 de octubre.
