Aunque en ningún momento dijeron estar opuestos a la unificación de las elecciones, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) en su encuentro con la comisión bicameral para el proyecto de reforma a la Constitución, se esmeró en demostrar lo complicado que sería un montaje de tales dimensiones.
El organismo hizo comparaciones entre los procesos del 2016, 2020 y 2024, mostrando que este último fue mucho más complejo, al contar con la implementación del voto preferencial, la creación de nuevos niveles de elección y el crecimiento del padrón de electores.
Es decir, para las elecciones municipales los habitantes de municipios y de direcciones municipales, tuvieron en sus manos dos boletas (alcaldes y regidores, directores y vocales, según corresponda) en vez de una, las cuales debieron ser escrutadas simultáneamente para determinar los votos del partido.
La JCE planteó que la unificación de las elecciones implicaría que por primera vez, se conocerían en un mismo proceso electoral los tres niveles plurinominales, lo que daría con siete niveles de elección realizadas de manera conjunta, contando cada elector con al menos cinco boletas en sus manos.
Esto ralentizará el proceso, pues cada elector se tomaría entre 4 y siete minutos para votar y que de cumplirse dicho tiempo, en un colegio electoral de 600 votantes sólo sufragará el 40 % de los inscritos.
Otras complejidades
Todo lo anterior, provocaría largas filas electorales, agotamiento de todos los actores del proceso y sólo serían conocidos los resultados del nivel electoral en las primeras horas de la noche, lo que generaría incertidumbre en los restantes niveles y se incrementarían los conflictos contenciosos electorales.
Es así como, en caso de aplicarse la unificación del proceso, la JCE se vería compelida a reducir la cantidad de electores por colegios en un 50 % y/o duplicar la la cantidad de colegios electorales.
En el pasado proceso, cada colegio electoral contó con 600 electores y la suma total de todos fue de 17,389, mientras que el número de personas que laboró en los tales fue de 86,945, cantidad que se elevaría a 149,985 miembros de colegios electorales.
Igualmente, sería necesario añadir una hora a la jornada de votación, iniciando a las seis de la mañana, lo que implicaría una nueva modificación a la Ley 20-23 de Régimen Electoral.
Voto preferencial
Los de la JCE también propusieron eliminar el voto preferencial para las regidurías y vocalías (que son los niveles con la mayor cantidad de candidaturas), implementando listas cerradas y bloqueadas, ya que el modelo actual sería insostenible.
Refiriendo que el total de regidurías es de 1,164 en razón de no menos de cinco por demarcación y que las vocalías ascienden a 735 (no menos de tres ni más de cinco por distrito municipal), lo que dejaría a cada organización política con 1,899 candidatos.
En caso de aumentarse los colegios electorales, igualmente tendrían que adquirir más equipos y robustecer el software electoral para que tenga capacidad de soportar el escaneo y transmisión de más relaciones de votación. Otra complejidad es que no podrán votar los del exterior en elecciones municipales.
Voto exterior
— En municipales
En las municipales votaron 35,350 personas que visitaron el país para tales fines. Pese al logro, este número es ínfimo en comparación con la abstención registrada en dicho proceso, por lo que no debería molestar el sacrificarlo.
El voto digital como una opción
Modernidad. Como alternativa para no incurrir en gastos excesivos y complejidades del voto manual, la JCE vislumbra se incremente el uso de tecnologías, perfilándose para utilizar el voto y el escrutinio automatizado, un fantasma que rehuyeron en el pasado proceso electoral, basados en la experiencia del 2020.
Entre las opciones está el votar de manera manual con escrutinio automatizado y transmisión de resultados; un modelo completamente automatizado o aventurarse a otras tecnologías, lo que a su vez, implica una reforma electoral, la compra de equipos, licitaciones, capacitaciones de personal y auditorías.
Como conclusiones, la JCE resalta que sin importar el resultado final de la reforma a la Constitución, esta tendrá la responsabilidad de organizar el proceso.
