La Fiscalía de Santo Domingo Oeste obtuvo 20 años de prisión en contra de un segundo teniente de la Policía Nacional, hallado culpable de violar sexualmente a su hija de 15 años de edad, en un hecho ocurrido el 15 de noviembre del año 2023.
Durante el juicio donde se dictó la sentencia condenatoria al acusado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la menor de edad, las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Yudelka Acosta, en representación del Ministerio Público, presentaron pruebas con las que demostraron la responsabilidad penal del condenado.
Dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía se incluyó el testimonio de una pariente de la víctima, la cual declaró que la niña a través de una carta le confesó que su progenitor la había violado sexualmente en reiteradas ocasiones cuando ella lo visitaba en su casa durante las vacaciones. El testimonio de la declarante fue corroborado con las pruebas forenses que le fueron practicadas a la adolescente, misma que incluyeron evaluación física, psicológica y análisis de laboratorio clínico.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora, Gelin Castillo, indica que el condenado amenazaba a su hija con quitarle la vida en caso de que ella confesara los hechos ilícitos y penalizados que cometía.
La acusación judicial también señala que la víctima, tras ser entrevistada por una de las psicólogas forenses de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, de esta jurisdicción, relató de forma clara y coherente como su padre biológico le realizó todo tipo de maniobras sexuales en perjuicio de ella.
El Tercer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Juan Pablo Ortiz, Sandra Cruz Rosario y Nelcy Ortega, hallaron culpable al justiciable luego de valorar todos los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público.
El tribunal condenó los hechos cometidos por el procesado, cuyas acciones están calificadas de violación a los artículos 331, 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano y en los artículos 12 y 396 literales A, B y C, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El condenado deberá cumplir la sentencia en el recinto penitenciario de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
