Cuatro inmuebles en la provincia de Chota, en Cajamarca, entre ellos el terreno con helipuerto del distrito de Tacabamba, un departamento en San isidro, además de estacionamientos y un vehículo, se encuentran entre las propiedades que perderían el expresidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres. Esto luego de que un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado (PGE) y dispuso el embargo de los bienes muebles e inmuebles del exmandatario y el exprimer ministro.
Así, el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente José Pedro Castillo Terrones, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del exmandatario y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres y donde hace un tiempo se reportó la construcción un helipuerto privado.
No se ha precisado el valor de estos inmuebles.
Mientras que ministro Aníbal Torres Vásquez se ordena el embargo de nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo.
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Según la Procuraduría General del Estado los dos estacionamientos de Torres están valorizados cada uno a $15 mil, y un departamento de $236 mil 800. Todos estos bienes están ubicados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro.
Con esa medida, el procurador general Daniel Soria buscaba asegurar el cobro de reparación civil de más de S/67 millones por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre del 2022.
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Ahora, Pedro Castillo ni Aníbal Torres podrán vender ni ceder las bienes a terceros.
¿De qué acusan a Pedro Castillo y Aníbal Torres?
Aunque el 7 de diciembre del 2022, Aníbal Torres ya no era presidente del Consejo de Ministros, en su calidad de asesor de la PCM, fue pieza clave en el golpe de Estado que dio el destituido exmandatario Pedro Castillo Terrones, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.
Por ello, ambos son investigados por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado tras el autogolpe perpetrado por Castillo Terrones.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, cuando el expresidente Pedro Castillo—a través de un mensaje a la Nación—anunció el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial, se encontraba con Aníbal Torres (asesor de PCM), Betssy Chávez (exprimera ministra); Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior) en su despacho presidencial.
