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APD: corrupción e impunidad caracterizaron el 2018 en RD

miércoles, 26 diciembre 2018 - Comentarios
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Redacción
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Según el balance de fin de año realizado por la Alianza por la Democracia (APD), caracterizó la gestión gubernamental del 2018 como “sombría”, porque repercutirá negativamente en las próximas generaciones.

El balance de la APD fue ofrecido por su secretario general, doctor Carlos Sánchez, quien resaltó que los cinco elementos que marcaron el año 2018 desde el punto de vista de la gestión gubernamental fueron:
El aumento de la corrupción y la impunidad gubernamental

Durante éste año siguieron apareciendo escándalos de corrupción que involucraban instituciones y funcionarios públicos al más alto nivel.

En tal sentido, la APD citó los casos del plagio de las mochilas del Ministerio de Educación por parte de la diputada Lucia Medina, la no declaración oportuna del patrimonio del presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, los escándalos de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

También, los casos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y la empresa Odebrecht, así como la depredación del área protegida en la sierra de Bahoruco, y la sobrevaluación de presupuestos en hospitales con vicios de construcción, entre otros.

El incremento en espiral de la deuda pública

El país sigue tomando prestado para pagar intereses de deudas acumuladas, y que para el 2018, la deuda pública continúo incrementándose llegando a sobrepasar el 50 % del PIB, incluyendo los bonos colocados en el mercado para cubrir el déficit presupuestario del año 2019 y el pago de deudas.

La indiferencia del Gobierno en la aplicación de políticas sociales

A pesar de los diferentes reclamos en el campo ambiental que han sido realizados por la sociedad, el Gobierno continuó la construcción de las “sobrevaluadas” y “antiambientales” plantas a carbón de Punta Catalina, que llevan un retraso de años en su construcción.

La APD señala, además, que la construcción de las plantas ha llevado al país a ser sometido ante los tribunales internacionales exigiendo el pago de sobre costos que no fueron contemplados en el contrato original con la empresa Odebrecht.

Durante el 2018,  el Gobierno de Danilo Medina volvió a descuidar áreas vitales como las de agua potable y salud, que siguen con baja asignación presupuestaria para el financiamiento de obras, que según la Encuesta de Hogar publicada recientemente, la cual  revela que más del 50 % de las viviendas dominicanas no tienen acceso a agua potable intradomiciliaria.

La APD expuso que,  igualmente  sucede con los indicadores de salud, los de mortalidad materna e infantil, y alto porcentaje de embarazos en adolecentes que nos colocan en la lista de países con peores indicadores de la región de Las Américas.

Por otro lado, en cuanto a políticas públicas es notorio que el déficit habitacional ronda el millón de viviendas.

La profundización en un modelo político concentrador de riquezas

El ritmo de crecimiento económico en la República Dominicana se mantiene sobre el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de esto el índice de desarrollo humano continúa reflejando la gran desigualdad que existe en amplias regiones del país, caracterizando el modelo como uno de crecimiento con injusticia social, donde las riquezas se concentran en pocas manos.

El índice de desempleo ampliado continúa sobre los dos dígitos, y los trabajadores son penalizados con bajos salarios, en la actualidad el 80 % de los empleados del sector formal ganan menos de RD$20,000, encontraste con el costo de la canasta básica promedio que sobrepasa los RD$ 24,000.

La APD estima que de la población general los más perjudicaos siguen siendo los jóvenes y las mujeres, sobre todo los residentes en zonas rurales y barrios populares.

Persiste delincuencia

Las incitativas tomadas por el gobierno para frenar la delincuencia han sido fallidas. Así lo demuestran los lanzamientos de programas de patrullaje mixto que lejos de garantizar el orden y la seguridad ciudadana, sólo han servido para violentar los derechos de las personas, matando jóvenes en supuestos “intercambios de disparos”, que han ocurrido sin consecuencia alguna para los ejecutores.

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