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Periodistas denuncian intento censura en Guatemala con reforma a Código Penal

miércoles, 31 octubre 2018 - Comentarios
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Redacción
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La Asociación de Periodistas de Guatemala dijo que “deplora” las “argucias” del Organismo Legislativo para menoscabar la libertad de expresión, como el proyecto de ley presentado para sancionar con cárcel a quienes critiquen a políticos, diputados o personas electas.

Esta iniciativa, aseguró la entidad, es “otra ofensiva en contra de la libre emisión del pensamiento” al pretender modificar el Código Penal para sancionar “las expresiones en línea y en medios de comunicación en contra de políticos, aspirantes a puestos de elección popular y funcionarios electos”.

El parlamentario Estuardo Galdámez, del gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y las aliadas al oficialismo del partido opositor Alianza Ciudadana, Delia Bac, Karla Martínez y Eva Monte, presentaron una reforma al Código Penal en la que se agregan los artículos 407 P y 407 Q.

Según el primer inciso, titulado “acoso político”, quienes realicen actos “depresión, persecución y hostigamiento” a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de su función política, durante o después de cualquier acto electoral, con la finalidad de interferir en su función o de inducir a tomar decisiones, serán castigados con penas de 2 a 3 años de cárcel.

Además, serán inhabilitados para ejercer un cargo público por un período similar al de la condena, pero si este ilícito lo cometen los trabajadores de una empresa se le impondrá también una multa de 2.000 a 10.000 quetzales (entre 260 y 1.300 dólares).

Si se reincide, la empresa o la persona jurídica sufrirá una “cancelación definitiva”.

En el otro inciso, bajo el título “violencia política”, se dice que quien ejerzan actos de “agresión física y/o psicológica” o cualquier otro tipo de “coacción” contra políticos o personas postulantes o electas con el fin de menoscabar su participación u obstaculizarla serán sancionados con penas de 2 a 5 años.

También serán inhabilitados para ejercer un cargo público, y si el ilícito fuera cometido por empleados de una empresa se le impondría una multa de 5.000 a 20.000 quetzales (entre 650 y 2.600 dólares) y si reincide se cancelaría sus operaciones.

Estas propuestas, explicó la Asociación de Periodistas, evidencia “la ignorancia de los congresistas ante los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado y la iniciativa nacional que protege el derecho de toda la ciudadanía a expresar sus ideas sin censura previa”.

Y se suma, recordó, a la iniciativa 5239, la ley contra actos terroristas o mejor conocida como “ley mordaza”, la cual incluye un artículo sobre “ciberterrorismo” que sancionaría y censuraría los comentarios en línea.

En este sentido, la Asociación manifestó que los parlamentarios buscan “blindarse de las críticas e investigaciones de la prensa por sus acciones ilícitas e impedimentos que podrían truncar sus aspiraciones de continuar ostentando una cuota de poder dentro del Estado”.

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