El alcalde de Verón, Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez acusó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) a no cumplir con lo establecido en la Ley 368-22 que faculta a los distritos municipales a crear su Oficina de Planeamiento Urbano, lo que afecta la gestión del desarrollo territorial y económico de esa zona.
Durante una rueda de prensa en el despacho del abogado Ángel Lockward, Ramínez explicó que Verón cumple con todos los requisitos legales y poblacionales para gestionar su uso de suelo, sin embargo alegó que el ministro del MIVED, Carlos Bonilla, se niega a aceptar los permisos emitidos por el cabildo, lo que genera retrasos en obras, pérdida de ingresos y obstáculos a inversiones clave en el polo turístico de Punta Cana.
Ramírez reveló que, ante la negativa persistente del ministerio, se han visto obligados a acudir a la justicia para hacer cumplir la ley.
“A los fines de que se cumpla la Ley en un territorio que tiene más de 135 mil personas, que aporta el 14% del PIB, más de 65 mil habitaciones en más de 110 hoteles y el aeropuerto más activo del país que recibe más del 60% de los visitantes, hemos intimado mediante Acto del Alguacil Número 711/2025, al Ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, a que cumpla el artículo 24 de la Ley 368/22, que representa para el Distrito cientos de millones de pesos al año”, afirmó.
De su lado, Lockward cuestionó el incumplimiento de lo establecido en la Ley 368-22 y expresó que si el presidente de la República, Luis Abinader, no puede garantizar el cumplimiento de esa legislación entonces debería dejarlas sin efecto o anularlas.
“El presidente de la República puede, si desea apoyar a HIGUEY, asignar subsidios especiales, pero lo que no puede es transferir arbitrariamente, los recursos de Verón a ese municipio”, afirmó el jurista.
Explicó que como es sabido de todos, las competencias de los órganos públicos NO SON DELEGABLES, en ese orden, la competencia territorial de uso de suelo establecida en la Constitución y en la Ley, del Distrito de Verón no pueden ser delegadas al Municipio de Higuey como desea el Gobierno y en particular el MIVED.
"La negativa del MIVED, encompinchado con Higuey para robar competencia a Verón, constituye un ejemplo de mala administración, si no peor y da lugar a responsabilidad patrimonial conforme dispone el artículo 148 de la Constitución y el 57 de la Ley 107/13, además de un acto de contraproducente de incursión del Poder Ejecutivo en la vida municipal, que es contrario a la Carta Política", dijo Lockward.
