Los agentes de la Procuraduría General de la República actuantes en la detención del fiscal Aurelio Valdez Alcántara usaron dinero marcado para la entrega que hizo la persona vinculada al caso Senasa a la que el ahora imputado le solicitó un soborno.
Los 10 mil dólares en billetes de a 100 dólares que le entregó Roberto Canaán al hoy imputado eran de la Procuraduría, que tomó fotos de los billetes para comprobar la procedencia del dinero.
Según el expediente, el caso se origina en un encuentro celebrado el 13 de marzo de 2026 en una plaza comercial con el empresario Roberto Canaán, un testigo del Ministerio Público en el caso de corrupción de SeNaSa al que le pidió 200 mil dólares a cambio de no judicializarlo.
Luego bajó el requerimiento a 150 mil dólares, además de un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz 350 o 450. Según la solicitud de medida de coerción, el imputado se negó a recibir un vehículo Volvo o uno Nisán que le ofreció Canaán en vez del Mercedes Benz.
El empresario que sirve de testigo del cargo en el caso SeNaSa, puso al tanto de la situación a las máximas instancias del Ministerio Público, involucrándose la propia procuradora Yeni Berenice Reynoso en la investigación, conjuntamente con Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución de la Procuraduría.
A partir de ese momento, el Ministerio Público activó un esquema de vigilancia que incluyó seguimiento telefónico, coordinación de agentes encubiertos y la preparación de una entrega controlada del dinero.
El operativo en plaza
El 27 de marzo de 2026 se ejecutó una entrega vigilada del soborno en el área de estacionamiento del centro comercial Bella Vista Mall.
De acuerdo con el documento, el fiscal se presentó en el lugar a bordo de una Honda CRV, donde hizo contacto con Canaán, quien previamente había sido instruido para realizar la entrega bajo supervisión de las autoridades.
Tras recibir el dinero, el imputado abandonó momentáneamente el área, pero regresó poco después al mismo estacionamiento para dejar a Canaán luego de recibir el dinero.
En ese momento, los equipos actuantes procedieron a interceptarlo. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron el dinero oculto en el compartimiento del sunroof del vehículo.
Un patrón de presión
El Ministerio Público sostiene que el imputado no sólo solicitó el soborno, sino que ejerció presión constante para concretarlo, incluyendo llamadas de seguimiento y la imposición de plazos específicos para la entrega del dinero.
Incluso, según la acusación, condicionó la “solución” del caso investigado al cumplimiento del pago exigidos.
Solicitud de coerción
Ante estos hechos, el órgano persecutor solicitó la fijación de audiencia para conocer medidas de coerción, alegando la gravedad del caso, el riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado interfiera en la investigación.
El proceso será conocido por una jueza especial debido a la condición de fiscal del imputado, quien contaba con jurisdicción privilegiada al momento de los hechos.
