El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir la suma de US$10,000 de una persona bajo investigación; este representaba al órgano acusador en casos de corrupción. La audiencia fue fijada para este lunes a las 2:00 de la tarde ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La solicitud de medida de coerción contra el fiscal de carrera fue depositada la tarde del domingo por el miembro del Ministerio Público, Andrés Mena, ante la secretaría del juez presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau. El expediente fue apoderado a una de las salas que conocerá la audiencia este lunes. La instancia de la solicitud de medida de coerción consta de 12 páginas.
El procurador fiscal Valdez Alcántara formaba parte del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca). Por esa razón, mantenía cercanía con los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y de la Pepca, Mirna Ortiz, así como con otros miembros del organismo.
El pasado sábado, el procurador de corte Wilson Camacho, a través de la red social X (antes Twitter), expresó: “La corrupción es mala siempre. Los corruptos no tendrán lugar donde esconderse y el castigo los alcanzará sin excepción. Nadie es intocable; no habrá tolerancia ante quienes traicionen la confianza pública”.
La investigación del caso es encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. También se investiga a la persona que entregó el dinero, mientras se profundizan las pesquisas para identificar a otros posibles implicados.
La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad de los miembros del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles.
“Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién los cometa”.
“En este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción”, afirmó Reynoso.
Procedimientos: disciplinario y penal
Debido a que se trata de un fiscal de carrera, imputado de gestionar y recibir la suma de US$10,000, ocupada tras ser arrestado en flagrante delito, deberá enfrentar dos procesos: uno disciplinario y otro penal.
En el ámbito disciplinario, la Inspectoría del Ministerio Público deberá solicitar la designación de un miembro instructor, conforme al Reglamento Disciplinario vigente, el cual será designado por el presidente del Consejo Disciplinario. Este proceso no detiene el proceso penal.
Una vez designado el instructor, se podrá solicitar la suspensión provisional del procurador fiscal Valdez Alcántara de sus funciones, para posteriormente proceder con su eventual destitución.
Cuando el expediente administrativo esté completo, la Inspectoría deberá presentar un pliego de cargos o acusación disciplinaria. El caso será conocido ante el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, que, de comprobarse una falta grave o muy grave, impondrá la sanción correspondiente.
Dicha decisión es recurrible, conforme al reglamento y a la Ley 107-13, que regula las relaciones entre la Administración y los particulares y establece el procedimiento administrativo.
En el ámbito penal, se le conocerá medida de coerción; posteriormente, la audiencia preliminar, donde se determinará si el caso va a juicio y, finalmente, el juicio de fondo, donde podría ser condenado.
Hasta que no existan decisiones definitivas e irrevocables, tanto en lo penal como en lo disciplinario, el fiscal arrestado en flagrante debe ser tratado como inocente, conforme a la ley.
¿Por qué dos procesos?
El Derecho Penal protege a la sociedad en general.
El Derecho Disciplinario protege la correcta administración pública y el buen funcionamiento de las instituciones.
¿Por qué la coerción la conocerá un juez de la Corte de Apelación?
La medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara será conocida por un juez de la Corte de Apelación debido a su jurisdicción privilegiada, con el objetivo de garantizar la imparcialidad al ser juzgado por jueces de mayor jerarquía que los tribunales de primera instancia.
