El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que cualquier análisis sobre el contrato del Estado dominicano con Barrick Pueblo Viejo debe partir del respeto a los acuerdos establecidos, la continuidad del Estado y la correcta comprensión de la naturaleza dinámica del contrato.
Durante una entrevista en un programa de radio de alcance nacional, el funcionario explicó que el acuerdo con la empresa minera es un contrato vivo, que contempla fases, procesos y ventanas de revisión, particularmente en lo relativo a las proyecciones y estipulaciones de los próximos tres años.
“Siempre hay que tratar de llegar a acuerdos dentro del marco de los contratos establecidos. Es sumamente importante respetar esos acuerdos y mantener la continuidad del Estado. Este no es un contrato rígido; incluye una serie de procesos y estipulaciones que permiten revisiones y ajustes conforme a la evolución del contexto”, señaló Santos.
El ministro reconoció que nadie pudo prever que el precio del oro alcanzaría niveles históricamente altos, llegando hasta los 4,000 y 5,000 dólares por onza, lo que abre una oportunidad para maximizar los ingresos del Estado, sin que esto signifique que el país no esté beneficiándose actualmente del contrato.
En ese sentido, destacó el impacto positivo directo en las finanzas públicas, al precisar que en 2024 los ingresos para el Gobierno dominicano ascendieron a RD$17,000 millones, mientras que, en 2025, impulsados por el alza en los precios del oro y un incremento moderado en la producción, estos ingresos superaron los RD$40,000 millones, más que duplicando los beneficios para el Estado.
“Esto demuestra que el contrato sí responde a los aumentos en los precios del oro y que el Estado dominicano se beneficia de manera significativa. No se trata de que el país no esté recibiendo ingresos justos; al contrario, los números evidencian un crecimiento muy importante”, subrayó.
Finalmente, el ministro reiteró que el enfoque del Gobierno es garantizar el respeto a los contratos, asegurar la estabilidad jurídica y continuar evaluando mecanismos que permitan maximizar los beneficios para la nación, siempre dentro del marco legal y contractual vigente.
