La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó el miércoles el estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar los controles ante la llegada de cientos de migrantes, que en su mayoría provienen de Chile.
Las tropas apoyarán la vigilancia en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
“La policía nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las fuerzas armadas”, enfatizó Boluarte en conferencia de prensa junto a varios ministros.
En principio el estado de emergencia empezará a regir desde este jueves. Sin embargo, el ejecutivo no ha precisado su duración ni si se restringirán derechos en los puntos fronterizos.
Apoyándose en informes de prensa que señalan que “quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”, Boluarte alegó que su decisión está encaminada a combatir la inseguridad.
“Por eso tenemos (que) hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”, expresó.
En ese sentido, su ministro de Defensa, Jorge Chávez, sostuvo que el estado de emergencia tiene como “finalidad” evitar “el ingreso de manera irregular e ilegal” de personas.
– “Entre la espada y la pared –
Bajo el sol y el frío desérticos, cientos de migrantes que salieron de Chile se aglomeran desde hace semanas en el paso fronterizo entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica, donde las autoridades peruanas les impiden el paso por falta de un pasaporte sellado y visa vigente.
Mujeres, hombres y niños están atrapados entre policías chilenos y peruanos que vigilan el punto limítrofe, 1.500 km al sur de Lima.
El gobierno peruano les cortó el paso y envió 200 efectivos para reforzar los controles migratorios, que antes ya había endurecido Chile.
Según la oficina de la ONU para los refugiados (Acnur), la mayoría son haitianos y venezolanos. Los migrantes aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen o hacia Estados Unidos, para reencontrar a sus familias.
“Nos encontramos entre la espada y la pared, hacemos esto porque tenemos nuestra necesidad, pero esperar aquí una semana, dos semanas (…) nadie quisiera hacer eso”, dijo la venezolana Yosier Canelón a la AFP.
– Acnur, apoyo crítico a medidas –
Acnur emitió un pronunciamiento la noche del miércoles donde abogó por una solución humanitaria a la situación de migrantes en la frontera con Chile porque si bien “es deber legítimo de los Estados controlar sus fronteras; también es importante tener vías regulares para que personas necesitadas de protección internacional, reunificación familiar y otras cuestiones humanitarias puedan acceder al territorio por los puestos de control”.
La agencia de la ONU saludó algunas de las medidas anunciadas por Lima, entre las que figuran una “amnistía de multas que permitirá que 100.000 personas refugiadas y migrantes en el país puedan regularizarse y actualizar sus datos”.
“La regularización es un salvavidas: el estatus regular es una puerta a la integración local”, agregó.
– Temor en Arica –
Entre Tacna y Arica se han concentrado un promedio diario de entre 150 a 200 personas.
“Son flujos cambiantes, ha habido algún pico de cerca de 400 personas, de distintas nacionalidades”, dijo el viernes a la AFP Federico Agusti, representante en Perú de Acnur.
Los migrantes rechazados por Perú han improvisado campamentos en un punto intermedio, en una suerte de limbo geográfico entre ambos países, y otros han regresado a Arica.
Con la medidas anunciadas por Lima “va a ser más difícil que la gente pase (a Perú), y vamos a tener una situación de campamento en la frontera, que es lo que se venía advirtiendo”, aseguró a la radio Biobío Gerardo Espíndola, alcalde de Arica.
Además del estado de emergencia, Boluarte también anunció que quienes en los últimos años hayan ingresado de formar irregular a Perú “tendrán un plazo de seis meses para acudir ante las autoridades peruanas a regularizar su situación”.
Se estima que la población venezolana en Perú, que representa casi 9 de cada 10 extranjeros, se aproxima a los 1,3 millones de personas, de las que un tercio no tiene permiso migratorio de permanencia en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INEI).
