Debido a que los imputados en la red criminal de narcotráfico del caso Búfalo NK buscan llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazó la audiencia preliminar hasta el 13 de abril, a fin de que se concrete la negociación, tal como ocurrió con otros vinculados a la estructura criminal.
Los imputados en la organización criminal del caso Búfalo NK, que actualmente se encuentran en audiencia preliminar, intentan arribar a una negociación mediante el procedimiento penal abreviado, mecanismo permitido en esta fase del proceso, como ya lo hicieron otros implicados en la estructura vinculada al Cártel de Sinaloa (México) y a la red criminal Los Lorenzana (Guatemala).
Entre los principales imputados de la estructura del caso Búfalo NK figura Isidoro Rotestán Clase, señalado como uno de los cabecillas de la organización, junto a Rafael Ynoa Santana. Según el expediente, Rotestán Clase coordinaba y financiaba las operaciones de narcotráfico, además de dirigir y autorizar el pago de sobornos a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Armada de la República Dominicana, con el objetivo de garantizar el libre tránsito de los cargamentos ilícitos.
Asimismo, Rafael Ynoa Santana habría ordenado transacciones de drogas en coordinación con Juan Carlos López Macías, alias “Sobrino”, quien mantenía vínculos directos con el Cártel de Sinaloa y con la organización criminal Los Lorenzana.
Testaferros y empresas utilizadas para lavado de activos
En cuanto a los testaferros, el expediente identifica a Estefany De la Cruz Paulino, Jomaiky Ureña Rotestán, Leda Margarita Clase, Yamilka Paulino, Glorisel De la Cruz Paulino, Luigi Aneudy Ureña Read, Geyser Climerson Castillo Mordán, Johnny Casimiro Tejada, Cristino Rotestán Clase y Braulio Rotestán Clase, quienes presuntamente fungían como prestanombres del grupo criminal.
Las autoridades establecen que varios inmuebles estaban registrados a nombre de estos imputados, pero en realidad pertenecían a Isidoro Rotestán Clase, señalado como líder de la organización criminal.
Además, el grupo utilizaba las empresas Elegant Records Productions E.I.R.L., Mojos S.R.L. y Mariscos del Caribe S.R.L. como fachadas para el lavado de dinero, proveniente del narcotráfico y del tráfico de armas, según detalla el expediente del Ministerio Público.
Una vez que los imputados y el Ministerio Público concluyan las negociaciones, el magistrado deberá decidir si homologa o no el acuerdo firmado entre las partes involucradas en el proceso judicial.
De acuerdo con el expediente acusatorio, los imputados forman parte de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos conexos. Las investigaciones señalan que la red del caso Búfalo NK colaboraba con ambas organizaciones criminales para movilizar cargamentos de drogas y ejecutar diversas operaciones ilícitas en la región.
Otros implicados en la red Búfalo NK que llegaron a acuerdos
El 10 de julio de 2025, nueve implicados en la red internacional de narcotráfico desmantelada mediante la Operación Búfalo NK se declararon culpables de los hechos imputados por el Ministerio Público y fueron condenados tras arribar a acuerdos mediante procedimiento penal abreviado, los cuales fueron homologados por el tribunal.
En ese sentido, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción, Raymundo Mejía, condenó a José Antonio Toribio a cinco años de prisión, de los cuales cuatro años fueron suspendidos y dos meses de cumplimiento efectivo, además del pago de una multa de 50,000 pesos, tras ser declarado culpable de narcotráfico y de violar la Ley de Salud Pública.
Por su parte, Juan Bolívar Hernández admitió su responsabilidad y fue condenado a cinco años de prisión, con dos años y seis meses suspendidos y el resto a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata (CCR-1), tras ser hallado culpable de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores.
El tribunal ordenó además el decomiso de 290,000 pesos dominicanos, 1,700 dólares estadounidenses y 50,450 pesos, bienes incautados al condenado.
Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado a siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses fueron suspendidos, mientras que el resto deberá cumplirlo en el Centro Correccional y de Rehabilitación de San Felipe de Puerto Plata, tras ser declarado culpable de tráfico ilícito de drogas, asociación de malhechores y lavado de activos. También fue condenado al pago de una multa de 50,000 pesos.
Asimismo, Severiano Núñez Pichardo recibió una condena de cinco años de prisión, con tres años y nueve meses suspendidos, debiendo cumplir un año y tres meses en la cárcel de San Felipe, en Puerto Plata, además del pago de una multa de 50,000 pesos.
En tanto, Maritza Flete Santana fue condenada a tres años de prisión suspendida tras ser hallada culpable de violar la ley de armas, además del pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos. El juez ordenó el decomiso del arma de fuego incautada por el Ministerio Público.
De las diez personas procesadas por su implicación en la estructura criminal de narcotráfico del caso Búfalo NK, solo una no llegó a un acuerdo con el Ministerio Público.
La Operación Búfalo NK fue desplegada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en coordinación con la DNCD, el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos. Esta red criminal operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para transportar drogas a gran escala con el fin de obtener millonarios beneficios ilícitos.
