Amnistía Internacional instó al Gobierno dominicano a garantizar el acceso a los servicios de salud a ciudadanos haitianos, personas de ascendencia haitiana y otros migrantes, y a revocar de inmediato el protocolo que vincula la atención médica en hospitales públicos con el estatus migratorio.
El planteamiento forma parte de una carta enviada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por el Dr. Hans Buchner, representante del Grupo 1190 de la sección alemana de Amnistía Internacional.
En el documento, la organización advierte que el denominado “Procedimiento para el manejo de servicios de salud para pacientes extranjeros”, puesto en marcha el 6 de abril de 2025, coloca a los migrantes en riesgo de arresto y deportación y constituye un obstáculo ilegal para acceder a la atención médica.
El protocolo exige a los usuarios internacionales presentar pasaporte, visa o documentos migratorios emitidos por las autoridades dominicanas, así como prueba de domicilio, como condición para ser admitidos en un centro de salud.
Amnistía señala que estas medidas, que según el Gobierno buscan “controlar la avalancha de pacientes en los hospitales públicos”, afectan de manera desproporcionada a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana y limitan el derecho universal a la salud, consagrado en tratados internacionales ratificados por el país.
La entidad sostiene además que el protocolo erosiona los esfuerzos de salud pública, genera miedo entre los pacientes migrantes y agrava las brechas de acceso entre grupos vulnerables.
La organización también el argumento de que los migrantes saturan el sistema de salud dominicano, al señalar que la sobrecarga del sistema no se debe a la presencia de haitianos, sino a la “insuficiente inversión histórica del Estado dominicano en infraestructura, personal y servicios médicos”.
“Este protocolo es un velo utilizado por el presidente Luis Abinader para ocultar el hecho de que su administración y las anteriores no han invertido lo suficiente para garantizar el derecho a la salud”, indica la carta.
Amnistía recuerda que la República Dominicana se ubica entre los países de menor inversión pública en salud de América Latina y el Caribe, pese a los compromisos internacionales que obligan al Estado a emplear el máximo de recursos disponibles para garantizar este derecho sin discriminación.
La organización pide al Senado dominicano y a las autoridades competentes tomar “todas las medidas administrativas, políticas y legales necesarias” para asegurar la atención médica sin importar la raza, origen nacional o estatus migratorio de las personas, y reitera su llamado a suspender las deportaciones de pacientes migrantes que acuden a hospitales públicos en busca de servicios esenciales.
