La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) de personas jurídicas y consorcios vinculados a una estructura de proveedores que habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado mediante prácticas fraudulentas.
Según la resolución núm. DGCP44-2025-004600 las razones sociales, cuyos registros fueron suspendidos, son: Comerdon, SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca, SRL; Tingley Business, SRL; Mediterráneo Investments Group, SRL y Kury Limited.
También la Importadora Coav, SRL; Empresas Integradas, SAS; Flexiplas, SRL; Inversiones Nogal Verde, SRL; Agro Avícola Benevento, SRL; Grupo Empresarial Barnichta, SRL; Inversiones Yang, SRL; Topicverse, SRL y Roment, SRL.
De igual manera, el Consorcio Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).
La DGCP informó que en la medida en que continúen las investigaciones es probable que se sumen a la lista de inhabilitados otras personas naturales o jurídicas vinculadas al mismo proceso.
Explicó que esta decisión surge a raíz de la investigación administrativa realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas y la investigación penal que se encuentra en curso de parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra dichas razones sociales y consorcios por presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos, asociación de malhechores, entre otros delitos que afectan directamente el patrimonio público y los procedimientos de contratación pública.
Mediante una nota de prensa, la DGCP precisó que esta decisión no constituye una sanción, sino una medida cautelar preventiva necesaria para proteger el interés público, la competencia y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras se desarrolla la investigación penal correspondiente.
La institución subrayó que constituye un “riesgo grave e inminente” para la integridad del sistema cuando existen indicios razonables de que una o varias empresas han incurrido de manera organizada en actos de colusión y otros delitos vinculados a contratación pública, ya que esto afecta la libre competencia, la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la igualdad entre oferentes.
