El Ministerio Público aseguró que la renuncia colectiva de los abogados de la defensa del imputado Emmanuel Rivera Ledesma constituye una desconsideración hacia las víctimas del Caso Nido y una burla en un proceso penal en el que los equipos de fiscales agotaron más de dos meses de presentación de pruebas.
Rivera Ledesma fungía como cabecilla de la red que estafó a cientos de personas utilizando como fachada supuestos proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada mediante la Operación Nido.
Las acciones fraudulentas de Ledesma, a través de empresas Indisarq SRL, utilizando supuestos proyectos inmobiliarios.
La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por los encartados a través de sus defensas técnicas, quienes abandonaron el proceso cuando se acercaba su término.
“Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados a través de sus defensas técnicas que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, dijo Sánchez.
Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, “perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también, renunció, sin presentar excusa alguna”.
Indicó que esta conducta provoca la ruptura del principio de inmediación, luego de que el Ministerio Público agotara más de dos meses de desahogo de pruebas, encontrándose ya en la fase final de incorporación de estas y próximo al discurso de cierre y al pedimento de las condenas en un plazo razonable.
“Han mostrado el imputado y su defensa una desconsideración y una burla hacia el proceso, hacia las víctimas y hacia la misma sociedad”, puntualizó.
Lamentó, además, el impacto humano y económico que esta conducta procesal tiene sobre las víctimas. “Con esta decisión, han revictimizado a las víctimas, ya que las mismas han tenido que incurrir en pagos de vuelos y pagos de abogados para estar presentes durante el proceso”, señaló.
Tras la renuncia de la defensa, los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron ayer martes la audiencia hasta el 9 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el procesado Rivera Ledesma deberá tener apoderado un nuevo abogado para el proceso que cursa en su contra o agotará el procedimiento para que sea representado por la Defensoría Pública.
Sobre el caso
Tras la presentación de la acusación por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, el órgano acusador culminó la lectura de esta el pasado 29 de agosto, tras múltiples aplazamientos, dando paso a la reproducción de pruebas.
El expediente señala como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera Pichardo y a las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL.
Asimismo, fueron incorporados como nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson.
El documento detalla cómo, junto a las referidas empresas, conformaron una estructura delictiva dedicada a estafar a cientos de personas, en el país y en el extranjero, mediante la oferta de supuestos proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con la acusación, los imputados captaban a las víctimas con promesas de entrega de apartamentos y locales comerciales que nunca se materializaron, a pesar de que estas entregaron sumas millonarias de dinero.
Los fondos eran depositados en cuentas bancarias vinculadas a las compañías del entramado y a algunos de los imputados, y, posteriormente, dilapidados, sin que a la fecha las víctimas hayan recibido las unidades inmobiliarias adquiridas.
El Ministerio Público sostiene que, como consecuencia de este esquema fraudulento, las víctimas sufrieron graves daños económicos y emocionales, y que el monto aproximado de la estafa asciende a más de RD$235 millones y más de US$10 millones, sumas que deben ser resarcidas en favor de las víctimas de este proceso.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal dominicano.
La investigación arrojó que la red criminal utilizaba las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.
Entre las pruebas recolectadas, el Ministerio Público indicó que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganar la confianza de las víctimas, sin ningún vínculo real con dichas personalidades.
Asimismo, tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de evitar enfrentar cargos legales y obstruir el proceso judicial.
