Santo Domingo, R.D. – La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) estimó pertinentes las 12 observaciones enviadas por el presidente Luis Abinader a la modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El director ejecutivo de Fedodim, doctor Pedro Richardson, indicó que estas correcciones no deben verse como limitantes, sino como una mejora apreciable al texto inicialmente aprobado por el Congreso que garantiza la viabilidad financiera y la autonomía de nuestros ayuntamientos y juntas de distritos para mantener a las comunidades limpias.
ayudando a que los gobiernos locales puedan operar de manera efectiva.
Entre los beneficios directos de las observaciones presidenciales destaca que con ellas se eliminan las restricciones que limitaban el uso de suelo, devolviendo a los ayuntamientos y juntas de distritos su capacidad plena para decidir, así como los límites regionales estrictos para la ubicación de infraestructuras (estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, etc.) donde los criterios serán evaluados caso por caso, lo que promueve la competencia económica y la eficiencia en la prestación del servicio.
Igualmente, resaltó que con la entrada en vigor de la ley los gobiernos locales percibirán del Estado una contribución especial de RD$20.00 mensuales por habitante (a partir de 2026), que será usada exclusivamente para pagar los servicios de recolección de residuos y/o adquirir equipos y maquinarias esenciales.
En el caso de los pequeños municipios y distritos municipales se les garantiza un aporte mínimo garantizado de RD$100,000.00 mensuales.
Para Fedodim, las observaciones presidenciales reafirman la responsabilidad de los gobiernos locales de garantizar una recolección de residuos eficiente y selectiva para todos los ciudadanos, impulsando la separación de residuos en la fuente (hogares y negocios), razones suficientes para señalar que el Congreso Nacional tiene en sus manos la decisión de darle a las municipipalidades las herramientas financieras y legales que necesitan para garantizar un servicio de recolección de basura sostenible y de cobertura total.
