El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los once agentes policiales a los que les imputa los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de los cinco hombres que abatieron la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.
En el caso son imputados los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos presentaron la medida ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago.
Los fiscales piden la declaratoria de caso complejo y explican, en la medida de coerción, que luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano que tipifican la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.
Los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y una KIA, modelo K5, del año 2013. “Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas” en presencia de una persona testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.
Además, sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.
Incluso, agrega la solicitud de medida, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron.
Tras suceder el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal titular de Santiago que realizaran una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.
