La defensa de Jair Bolsonaro negó que el expresidente brasileño incumpliera medidas cautelares, impuestas durante un juicio por intento de golpe de Estado, y acusó a la policía de intentar "desmoralizarlo", de acuerdo con un documento entregado ante la corte suprema.
El exmandatario ultraderechista (2019-2022) está acusado de liderar una "organización criminal" que conspiró para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022.
Bolsonaro, de 70 años, está desde principios de agosto en prisión domiciliaria preventiva impuesta por el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, que consideró que burló la prohibición de manifestarse en redes sociales.
En un documento divulgado el miércoles, la Policía Federal sostuvo que Bolsonaro reincidió en el incumplimiento de restricciones.
El análisis de un teléfono celular incautado al exmandatario arrojó que se comunicó recientemente con otros imputados en el juicio y que compartió por Whatsapp hasta 300 videos relacionados con manifestaciones de apoyo en Sao Paulo y Rio de Janeiro, pese a las prohibiciones.
Además, la policía halló un documento de 33 páginas que contiene un borrador de "pedido de asilo político" al presidente argentino, Javier Milei, fechado pocos días después de que la policía lanzara su investigación por golpismo en febrero de 2024.
En el borrador, Bolsonaro alegaba sufrir "una persecución política en Brasil" como justificación para solicitar asilo.
Moraes dio entonces plazo hasta este viernes para que la defensa de Bolsonaro ofreciera explicaciones al respecto.
El informe policial "parece una pieza política, con el objetivo de desmoralizar a un expresidente de la República (que, quieran o no las autoridades policiales, todavía es un líder político), exponiendo su vida privada y acusándolo de hechos tan graves como infundados", afirman los abogados en su respuesta.
"El objetivo es la masacre. La desmoralización. En otras palabras, es 'lawfare' en curso", agregan.
Los abogados resaltaron que, por el contrario, Bolsonaro cumplió todas las determinaciones judiciales, incluso permaneció en su residencia cuando le fue impuesto el uso de tobillera electrónica, una medida que luego fue reforzada con la prisión domiciliar.
"Un borrador de pedido de asilo al presidente argentino, que data de febrero de 2024, no puede ser considerado un indicio de fuga", sostuvieron.
El proceso judicial comenzó en abril y el máximo tribunal debe emitir un fallo entre el 2 y el 12 de septiembre.
Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.
El caso ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos: el presidente Donald Trump impuso aranceles punitivos a Brasil y sancionó a magistrados brasileños, alegando una "caza de brujas" contra Bolsonaro.
