La Junta Central Electoral (JCE) avanza en el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, un proyecto de Estado ya en marcha que busca modernizar este documento clave para la ciudadanía.
La iniciativa, que se desarrolla tras un análisis legal, técnico y económico, contempla mejoras tecnológicas y de seguridad con impacto directo en la identidad de los dominicanos y en la protección de la soberanía nacional, y según el organismo, se ejecuta bajo los más altos estándares de transparencia e integridad.
Razones legales y plazos
El actual formato de la cédula, emitido en 2014, tiene un período de vigencia de diez años, establecido por ley, por lo que vence en 2024. En cumplimiento del artículo 20, numeral 12, de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, el Pleno de la JCE tiene la facultad de modificar el diseño, formato y contenido de estos documentos. Amparada en esta disposición, la institución inició oportunamente el proceso de renovación.
El aumento de la ciberdelincuencia, las estafas, falsificaciones y suplantaciones de identidad exige mecanismos más robustos para salvaguardar la integridad del documento.
“El mundo de hace 11 años no es el mismo de hoy”, señala el órgano, aludiendo a la necesidad de responder con tecnologías que dificulten el accionar del crimen organizado y protejan el derecho a la intimidad.
Tecnología obsoleta y nueva generación de cédulas
Los equipos utilizados desde 2014 para la emisión de cédulas han quedado obsoletos y deteriorados, mientras que los avances tecnológicos han abaratado las herramientas para falsificar documentos. Esto obliga a adoptar nuevas soluciones que garanticen confiabilidad y estándares internacionales.
La nueva cédula estará fabricada en policarbonato con quemado láser, chip seguro (con circuito criptográfico), código QR y mecanismos de autenticación biométrica. El chip almacenará de forma cifrada información personal y biométrica, con protocolos de comunicación que impedirán lecturas no autorizadas, clonaciones o manipulaciones. Asimismo, permitirá transacciones electrónicas seguras y autenticación en línea mediante certificados digitales emitidos por la JCE.
El objetivo es renovar los documentos de 9,412,353 ciudadanos y residentes legales, incluyendo 942,795 menores que cumplirán la mayoría de edad a partir de 2025, priorizando seguridad, eficiencia y accesibilidad tanto en el país como en el exterior.
Proceso de licitación y transparencia
La licitación para la adquisición de la nueva tecnología se ha realizado como concurso público internacional, en cumplimiento de la legislación de compras y contrataciones.
Actualmente, el proceso está en la etapa previa a la apertura de las ofertas económicas (sobre B), la cual fue pospuesta por una impugnación presentada por uno de los consorcios participantes. La JCE subraya que este recurso es normal y no implica irregularidades, y que no afectará el cronograma previsto: la renovación preliminar comenzará en el último trimestre de este año.
Depuración del Registro Civil
Previo al cambio de documento, la JCE identificó 2,990,355 registros que requieren validación. Hasta la fecha, se han depurado 1,581,323 (52%), trabajo que continuará con el reforzamiento de las áreas correspondientes. El proceso no será un simple canje de cédula: cada registro deberá cumplir requisitos constitucionales y legales, garantizando la integridad del padrón electoral.
Impacto electoral y proyección a futuro
La renovación fortalecerá la seguridad de la información y el control del padrón de electores de cara a las primarias de 2027 y las elecciones de 2028. La JCE también proyecta beneficios para el complejo proceso electoral de 2032, cuando se unificarán siete niveles de elección en una sola fecha.
Inversión estratégica para la democracia
La institución recalca que no se trata de un gasto, sino de una inversión en democracia y soberanía, ya que la durabilidad y seguridad del nuevo documento reducirá costos a mediano y largo plazo. La iniciativa ha sido socializada con partidos políticos, Poder Ejecutivo, Congreso, empresarios, bancos, iglesias y medios de comunicación, quienes —según la JCE— han expresado su respaldo.
En palabras del organismo, “este cambio nos coloca a la altura de los estándares internacionales, garantiza la protección de la identidad ciudadana y fortalece las bases de nuestra democracia para la próxima década”.
